La Fiscalía General del Estado abrió el pasado mes varias investigaciones penales para depurar posibles responsabilidades sobre la gestión de las residencias de personas mayores o discapacitadas durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Hasta el momento, se mantienían vivas cerca de 210 diligencias penales en toda España, dos en La Rioja, pero este martes, no habiendo quedado acreditada ni infracción penal alguna, ni tratamiento defectuoso o deficiente para ninguna persona de especial vulnerabilidad en nuestra región, se ha impuesto el archivo de las actuaciones.
Una decisión que resume que en La Rioja la pandemia se manifestó con especial virulencia desde los primeros momentos, con un brote en Haro que se extendió hacia Santo Domingo de la Calzada en fechas muy tempranas y antes de la declaración del estado de alarma, lo que propició su rápida extensión. Sin embargo, la reacción tanto legal como sanitaria fue rápida y eficaz.
Es cierto que la enfermedad se cebó con los riojanos hasta un porcentaje de fallecimientos por cada 100.000 habitantes superior a la media, y entre ellos el colectivo de personas mayores ha supuesto más del sesenta por ciento de las muertes al tratarse de personas debilitadas o de alta vulnerabilidad. Sin embargo, “no se ha detectado, ni por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni por policías locales ni por otros colectivos especialmente implicados (bomberos, servicios de ambulancias y funerarios), defecto asistencial alguno, de suerte que a nadie se le dejó morir sin tratamiento, nadie se quedó sin asistencia de especialistas sanitarios y a nadie se le dejó solo a la hora de su muerte”.
Además, tampoco se ha detectado abandono del servicio por parte de los profesionales tanto de forma genérica como pormenorizada. “Todos y cada uno de los profesionales han tenido un comportamiento ejemplar para el resto de ciudadanos, sin que en ni un solo caso se haya detectado atisbo de cobardía o negligencia. Con los medios a su disposición se ha combatido a la muerte con gallardía. Bien es cierto que las residencias carecen de respiradores, de médicos y de enfermeros, pero es que son residencias y no hospitales, resultando que no hay constancia de que un solo enfermo no haya podido recibir la asistencia médica cuando así lo ha necesitado”.
