Tras el anuncio y la publicación en el BOE de las ratios mínimas de alumnos por profesor/aula para el curso que viene, la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja ha manifestado que “es falso que la resolución equipare los centros concertados con los públicos”.
El colectivo señala que “están exigiendo que cada centro de la concertada tenga una ratio mínima en cada clase equiparable a la media de la pública, lo que supone una clara discriminación entre redes. En ningún momento se tiene en cuenta que hay colegios públicos que mantienen clases con muchos menos niños por aula. En concreto en Logroño hay 9 centros que se encuentran por debajo de esa ratio mínima”. Además exponen:
– Con el número mínimo planteado por aula es imposible mantener la distancia social y atender a todas las medidas sanitarias a las que la pandemia actual nos obliga. Esta decisión va en contra de los criterios de la Ministra que augura una vuelta a las aulas con 15 niños por aula.
– Esta medida va claramente en contra de un elemental principio de igualdad y demuestra una vez más un ataque premeditado contra la enseñanza concertada por parte de la Consejería de Educación, y en general del Gobierno de La Rioja, que pretende establecer una sociedad en la que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, por una cuestión meramente ideológica.
– Las ratios planteadas aumentan hasta en un treinta por ciento las ratios actuales, lo que supone una masificación en las aulas en detrimento de la calidad educativa y la salud de los alumnos.
– Medidas como esta y otras tomadas con anterioridad como la supresión de las ayudas de bachillerato o el transporte escolar sólo persiguen la eliminación de unidades en la concertada y muestra la falta de consenso “del Consejero del Diálogo” con la comunidad educativa, tomando las decisiones de manera unilateral.
“¡Todos perdemos!”
Por su parte la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de La Rioja (FSIE La Rioja) ha indicado que esta resolución “está dirigida a infligir el máximo daño posible a la enseñanza concertada. Dichas ratios son exactamente iguales a las ratios medias existentes en cada etapa en los centros públicos del mismo municipio, lo cual quiebra el principio de igualdad de trato al alumnado escolarizado en ambas redes”.
El sindicato señala que la norma castiga a la red concertada, pues no podrán seguir en funcionamiento aulas (unidades) que tengan un menor número de alumnos a dicha media. Mientras tanto, en la red pública sí podrán seguir funcionando aulas con un número de alumnos ostensiblemente inferior a la misma.
La ratio mínima que aparece publicada en el BOR aumenta por encima del 24 por ciento en Infantil y Primaria y sube el 23 por ciento en ESO y el 16 por ciento en Bachillerato, en todos los casos respecto al año anterior, lo cual se puede calificar, simple y llanamente, como un “tremendo atropello”.
Por ello “consideramos que la ratio mínima para la concertada se iguala a la ratio media existente en la pública con el único objetivo de maximizar así el número de unidades ofertadas en la red de centros concertados que puedan quedar con un número inferior de alumnos y, en consecuencia, maximizar las unidades que puedan perder el concierto educativo, redirigiendo luego a sus alumnos hacia la enseñanza pública, en contra de la preferencia manifestada por sus familias”.
De esta forma las familias “pierden al ver truncadas sus expectativas de educar a sus hijos en los colegios por ellas elegidos; los alumnos pierden la oportunidad de escolarizarse en centros que ofertan proyectos educativos singulares, integrales y de calidad; y los profesionales del sector, docente y no docentes, pierden porque tambalean sus puestos de trabajo”.
