El Ayuntamiento de Logroño ha impuesto una multa de 159,47 euros al miembro de la Asociación La Barranca Paco Marín por colocar dos carteles con los nombres de ‘Beti Jai’ y ‘Calle General Zurbano’ sobre las placas de las calles Capitán Cortes y Calvo Sotelo en un acto reivindicativo por el cumplimiento de La Ley de Memoria Histórica el pasado 23 de febrero. El Consistorio ha sancionado a Marín con treinta euros por “colocar murales en bienes y espacios públicos sin autorización municipal que por su tamaño o soporte produzcan una alteración leve de la ciudad” y con 129,47 por los trabajos de reposición de las placas a su estado original.
“A la vista de lo injusto de la sanción, puesto que nunca se produjo ninguna alteración de la convivencia ciudadana y porque la valoración económica de una labor de remoción sencilla se ha calculado de forma excesiva, pensamos que detrás de esta resolución de la Alcaldía subyacen, únicamente, motivos políticos”, han señalado desde La Barranca, para apuntar a la ley 52/2007 de Memoria Histórica, que el Ayuntamiento de la capital riojana lleva demorando su cumplimiento desde hace nueve años.
“Esta ley le obliga a retirar cualquier elemento público de homenaje a la guerra civil y la dictadura franquista. Además de por el mandato ineludible de esta ley, el Ayuntamiento de Logroño está obligado a su aplicación por los acuerdos adoptados en Pleno, en los años 2011, 2015 y 2016, y en consecuencia, es forzosa la sustitución del nombre de diecisiete calles logroñesas considerados una exaltación al régimen franquista”, ha añadido la asociación en un comunicado.
“Dado que el Ayuntamiento de Logroño ha mantenido un calculado silencio en este tema, nuestra Asociación -La Barranca- le ha dirigido numerosos requerimientos que, finalmente, y ante la ausencia de respuestas, han culminado en la presentación de una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Una circunstancia que consideramos decisiva a la hora de la iniciación del expediente sancionador”, han proseguido desde La Barranca en su explicación.
Resulta cuanto menos chocante, destacan, “que una administración que retrasa constantemente su obligación de cumplir lo establecido en el ordenamiento legal, se dé tanta prisa y use tanta discrecionalidad en sancionar una actuación que sólo tiene como objeto reivindicar una ley aprobada hace casi diez años”.
“Rechazamos esta sanción que recurriremos ante el mismo Ayuntamiento. Y exigimos al gobierno municipal que cumpla con la Ley y con lo acordado por el propio Ayuntamiento Pleno, iniciando de inmediato el proceso que permita el cambio de las 17 calles ya aprobado. Y todo ello en aras a esa mejor convivencia ciudadana que parece que todos deseamos. Aunque a algunos, por intentar ponerla en práctica, ahora se nos quiera castigar”, han concluido.
