El 26 de enero de este año, la Plaza nº 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Logroño dictó una sentencia profundamente asentada jurídicamente en la que daba la razón a una alumna del IES Sagasta que denunció la prohibición del uso del hiyab en el centro.
Lo lógico, lo natural, si se quería zanjar la cuestión, es que la Consejería de Educación hubiera enviado una circular al resto de los centros que imponían esa misma prohibición para que dejaran de hacerlo. Pero, al parecer, la intención de la Consejería es generar, con este tema, un problema donde no lo había y nunca debió haberlo.
Siempre ha sido nuestra intención evitarlo. El curso pasado, distintas asociaciones nos reunimos dos veces con el señor Herce, director general de Gestión Educativa, para que impidiera el desafuero, advirtiéndole de todas las leyes que infringían al aplicar tal prohibición. Más tarde, fue la Clínica Jurídica y de Intervención Social de la Universidad de La Rioja la que les envió un detallado informe jurídico, redundando en los fundamentos legales que amparaban anular la prohibición en todos los centros que la estaban haciendo efectiva.
Pese a nuestros esfuerzos, esa reglamentación general no se envió y tuvo que ser la denuncia de una alumna la que hiciera intervenir a los tribunales. El sufrimiento que a ella y a su familia les produjo hubiera sido evitable.
El 26 de enero, doña María del Mar Puyuelo Omeñaca dictaba sentencia rebatiendo, una a una, todas las argumentaciones que los servicios jurídicos de la Consejería tuvieron a bien plantear. Ni estos, ni la sentencia en sí, aludían, en modo alguno, a aspectos concretos de la situación de la alumna demandante. Es decir, eran argumentaciones de tipo general.
Hemos esperado pacientemente a que, en consonancia con dicha sentencia, se enviase una instrucción a los centros educativos de La Rioja para que dejaran de prohibir el uso del hiyab. Al ser conscientes de la inutilidad de nuestra espera, solicitamos una reunión con el consejero de Educación y con el director general de Gestión Educativa, que ha tenido el silencio como respuesta. Con fecha 1 de mayo, 21 asociaciones riojanas firmaron una instancia dirigida al consejero de Educación solicitando el envío a los centros de la citada instrucción. A día de hoy tampoco hemos recibido respuesta alguna.
Aunque siempre hemos considerado que era prudente y oportuno poner coto a este problema sin hacer ruido, tratando de evitar el dolor que esta prohibición provoca en las alumnas afectadas, a la vista del aparente deseo de la Consejería de Educación de crear un problema donde nunca debió haberlo, hemos decidido hacer partícipe de la inacción de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja a toda la sociedad.
Sería inadmisible, desde cualquier punto de vista, que la Consejería decidiera hacer pasar por el calvario de la denuncia a cada una de las alumnas que pretendieran ejercer el derecho a portar el hiyab, cuando resulta de todo punto evidente que es un derecho general, no individual. Cuando, además, tras la sentencia, saben que incumplen y ayudan a incumplir la ley deliberadamente.
No creemos que sea necesario recurrir a Kant para recordarle al señor Galiana que, desde una perspectiva deontológica, el daño a sabiendas es inaceptable porque viola reglas morales universales al utilizar a los seres humanos como medios para un fin. Pero lo haremos porque mantenemos abierta la esperanza de un cambio de posicionamiento.
