Menudo cabreo esta semana leyendo el periódico. No el medio del prefijo ni el de la competencia sino Diario SUR. Ya casi se me había olvidado la mierda de conexiones que tenemos en La Rioja. Pues no van los malagueños y dicen que van a palmar 1.300 millones de euros por quedarse sin alta velocidad. Ojalá pudiéramos hacer nosotros ese cálculo. Porque ellos han perdido el tren durante tres meses y ya saben a cuánto asciende la factura. Aquí llevamos décadas sin él y seguimos sin ponerle precio.
En Málaga han hecho algo muy sencillo: coger su principal motor económico -el turismo-, calcular lo que genera en un año y estimar cuánto se pierde cuando falla la conexión. Impacto directo, indirecto e inducido. Supongo que eso está en cualquier manual básico de economía y así les salen 1.300 millones.
Ahora hagamos el ejercicio en La Rioja. Sin grandes alardes, sin big data, sin consultoras. A ojo, pero con sentido común. ¿Cuánto dinero mueve el turismo en nuestra comunidad? Alrededor del diez por ciento del PIB, lo que asciende a unos mil millones de euros. ¿Cuánto la industria agroalimentaria? Alrededor del veinte por ciento del PIB -el doble que el turismo-. ¿Cuánto el vino –sólo la DOCa Rioja ha cuantificado su impacto en 1.500 millones de euros-, la logística y los servicios? Y ahora pensemos qué ocurre cuando llegar aquí ya no es que sea difícil sino casi imposible.
Si una conexión deficiente reduce la demanda en un diez o un quince por ciento -por prudentes que seamos-, la cuenta empieza a salir sola: menos reservas, visitas, actividad… las decisiones empresariales se posponen y otras directamente se desvían hacia territorios donde todo funciona un poco mejor, aunque la calidad de vida sea inferior. No hace falta hilar muy fino para intuir la respuesta a mi pregunta, aunque no sean 1.300 millones en tres meses. Lo que sí pueden ser son miles de millones acumulados a lo largo de los años porque aquí el problema no es una avería puntual sino el sistema.
No estamos hablando de un trimestre malo. Estamos hablando de una desventaja estructural que afecta a todo: al turismo, a la atracción de empresas, al movimiento de mercancías y a la capacidad de retener talento. En definitiva, afecta a toda nuestra economía.
En Málaga, según leía cabreado en Diario SUR, distinguen entre impacto directo —lo que deja de ingresar un hotel—, indirecto —lo que deja de vender su proveedor— e inducido —lo que deja de gastar el trabajador que ya no cobra lo mismo—. Aquí ni siquiera hacemos esa cuenta, pero existe y podríamos hacerla. Existe cuando una bodega recibe menos visitas porque el viaje es incómodo, un congreso se va a otra ciudad mejor conectada o un profesional decide vivir en Zaragoza o Bilbao porque sabe que desde allí todo es más fácil.
Siempre aparece el consuelo, casi automático, de pensar que la situación tampoco es tan grave. Hasta que deja de serlo. En Málaga lo han comprobado en cuestión de semanas: basta con que falle la conexión para que todo lo demás empiece a resentirse. Aquí llevamos años conviviendo con esa debilidad sin llegar a percibirla del todo, como si formara parte del paisaje. La diferencia es que allí han visto el agujero en tiempo real y en La Rioja lo hemos normalizado hasta el punto de que ya no lo percibimos como una pérdida, sino como una condición.
Ahí está el verdadero peligro. Porque en economía hay algo peor que perder dinero: no llegar a generarlo nunca. Lo primero duele y lo segundo ni siquiera se discute. Mientras tanto, seguimos escuchando promesas. Estudios. Alternativas. Compromisos. Palabras que suenan bien en una nota de prensa, pero que no cambian la realidad de fondo: que seguimos mal conectados en un país donde la conexión lo es todo.Y donde quien no llega, simplemente, no cuenta.
Para terminar el cabreo, hay otro matiz que, visto desde aquí, resulta casi irónico. En Málaga ya hablan de recalcular pérdidas, de exigir responsabilidades, de reclamar ayudas e incluso de acudir a los tribunales para compensar el daño económico. Hay patronales movilizadas, administraciones presionando y un relato claro: esto cuesta dinero y alguien tendrá que responder.
En La Rioja ni siquiera hemos llegado a ese punto. No porque el impacto sea menor, sino porque nunca se ha considerado excepcional. Aquí la incomunicación no provoca indignación puntual ni anuncios de reclamaciones millonarias. Se asume como si no tener trenes —o tenerlo en condiciones precarias— no fuera una anomalía económica sino una característica del territorio. Y claro, lo que se acepta no se reclama. Y lo que no se reclama, no se paga. Por ello, quizá el problema no es que La Rioja sea una isla sino que nadie ha calculado todavía cuánto cuesta serlo.
