El derrumbe de la pasada semana en el Casco Antiguo de Calahorra no ha dejado víctimas, pero ha vuelto a colocar en primer plano un problema que la ciudad arrastra desde hace años: la infravivienda ligada a un parque de edificios envejecido, deteriorado y, en demasiados casos, convertido en negocio a costa de personas vulnerables.
La escena -escombros, vecinos desalojados ycalles acordonadas- trae inevitablemente el recuerdo de agosto de 2023, cuando una mujer murió en la calle Estrella al desplomarse el tejado de la vivienda donde residía. Entonces, el golpe fue irreparable. Esta vez, la suerte ha evitado una tragedia «a unos pocos metros», pero el diagnóstico que deja el suceso es el mismo: el riesgo sigue ahí y las casas más antiguas de la ciudad continúan siendo el eslabón más frágil.
La raíz del problema está en la combinación de ruina constructiva y vulnerabilidad social. Hay viviendas en pésimas condiciones que se alquilan por habitaciones, a veces a familias enteras, sin que exista una foto fija clara de cuántas personas viven realmente en cada inmueble. Una parte relevante de quienes residen en estas casas ni siquiera está empadronada en ellas.
En otros casos, se sabe que entran y salen, con estancias de mayor o menor duración, pero sin un rastro administrativo que permita anticipar situaciones de hacinamiento o riesgo. El ejemplo es el de Estrella 12, donde hubo que desalojar a 14 personas tras el derrumbe de parte del edificio, pese a que existía expediente de ruina. Y no es un caso aislado: en calles como San Andrés o Catedral se han tapiado portales y accesos para impedir entradas, pero los vecinos aseguran que, aun así, sigue colándose gente por ventanas o huecos de plantas bajas y primeros pisos.
Tras la muerte de 2023, el Ayuntamiento intentó poner en marcha una especie de ‘ITV’ para inmuebles en mal estado, un plan de inspecciones que pretendía revisar viviendas problemáticas y, sobre el papel, anticipar nuevos derrumbes. Pero el plan chocó casi de inmediato con un muro: el acceso a las mismas.
«Ninguno de los propietarios de las 12 viviendas que visitamos nos dejó entrar a hacer las valoraciones y vimos que no teníamos fórmulas para obligarlos», explican la alcaldesa y el aparejador municipal, Álvaro Rodruejo. Se articuló, incluso, un programa de primer empleo para reforzar las inspecciones: se hicieron «una docena», pero la mayoría acabaron en la misma pantalla de error. Los dueños no aparecían o, directamente, impedían el paso. Había más de 70 viviendas previstas en el plan. El resultado fue la sensación de estar invirtiendo recursos en un trabajo «estéril» si no existe una vía efectiva para entrar, verificar y actuar.
Había licencia para el derribo
En el derrumbe de la pasada semana, además, se suma un elemento que enciende la conversación vecinal: la sospecha -no confirmada oficialmente- de que el propietario «parece que ha querido tirar la casa», según relatan algunos vecinos. El Ayuntamiento insiste en que todavía hay que esperar a los informes y al dictamen técnico definitivo, pero aporta un marco que explica el laberinto administrativo.
«Hace un año declaramos el edificio en ruinas», señala el aparejador. En una ruina ordinaria, añade, el Consistorio puede ordenar al propietario que actúe, pero no puede desalojar por sí mismo si no existe ruina inminente. La obligación de desalojar recae sobre el dueño y, si no lo hace, la Administración local se encuentra limitada. La Ley prevé obligar al dueño a demoler, pero también reconoce su derecho a rehabilitar. En este caso -a diferencia de otros propietarios que no mueven un papel- se pidió licencia de derribo, se realizó un proyecto y se autorizó, pero el derribo no se podía ejecutar porque «no se iba la gente», según la versión que el propietario ha trasladado al Consistorio.
Para eso, el dueño del inmueble tendría que haber iniciado un procedimiento de desahucio, un camino judicial lento y con muchas variables. Mientras tanto, el edificio seguía siendo un foco de conflicto. En lo ocurrido ahora, puntualizan, «se han caído dos forjados interiores en la mitad del edificio», mientras que «la cubierta está intacta», lo que alimenta también la complejidad técnica del caso. «Muchos de los que vivían ahí no eran buena gente», asegura un vecino de la zona. «Otros se les ve gente buena que no tiene recursos», aseguran. Ahí llega otro problema: separar el grano de la paja.
Muchos tabiques sin propiedad municipal
La dimensión económica es otro de los nudos. Cuando el Ayuntamiento tiene que intervenir de forma subsidiaria -por ejemplo, ejecutando derribos por seguridad- puede repercutir el coste al propietario. El problema es que, en muchos casos, no se paga. «Lo habitual» es que esas deudas se queden sin cobrar, y ahí se abre un vía crucis administrativo que termina, a veces, en la expropiación para que el Consistorio pueda hacerse con los terrenos. Pero incluso esa salida se alarga porque no siempre es posible localizar a los titulares.
Hay propiedades enmarañadas en herencias, multipropiedad, ‘bancos malos’, personas fallecidas o parientes que no han regularizado la situación. En el Casco Antiguo, según describen desde el entorno municipal, abundan los inmuebles comprados en los años 80 por familias del País Vasco que después dejaron de venir, con viviendas que se degradaron y han acabado ocupadas o, en ocasiones, subarrendadas a terceros por precios desproporcionados para el estado real del inmueble. La paradoja es que el derribo puede costar cientos de miles de euros, pero perseguir el cobro se convierte en una carrera de fondo.
La sensación del ciudadano es que se derriban edificios, se tapian solares pero ahí acaba la actuación. «Hasta que el Ayuntamiento no se hace con la propiedad, que es lo más complicado, no podemos hacer nada en esos solares. Ahora estamos con ello en algunos solares que se pasarán al IRVI para que plantee la construcción de viviendas», explica la alcaldesa.
«No hay presupuesto suficiente»
A todo esto se suma una realidad que aparece cada vez que se cae una casa: el problema no es solo edificatorio. Lo resume con crudeza una frase repetida tanto por la alcaldesa como por el aparejador municipal: «No existe presupuesto que pueda asumir el problema urbanístico del Casco Antiguo de Calahorra». Y no porque el Ayuntamiento no actúe con requerimientos de conservación o expedientes de ruina, sino porque la magnitud es enorme y el proceso es lento.
Además, la información administrativa -como el padrón- no refleja siempre la vida real dentro de los edificios. En el caso de Estrella 12, por ejemplo, 14 personas en un inmueble grande no habría resultado «llamativo» solo por superficie, pero el hacinamiento por habitaciones y la precariedad de las condiciones eran otra historia. En el derrumbe de la pasada semana, «ninguno estaba empadronado en la vivienda», aunque algunos sí lo estaban en la ciudad.
El Casco Antiguo, además, es enorme para el tamaño de Calahorra: un tejido urbano amplio, envejecido y con bolsas de degradación muy concentradas. La ciudad, como tantas otras, se ha ido expandiendo y desplazando su vida cotidiana fuera de ese núcleo, lo que ha facilitado que parte del barrio quede fuera de los recorridos habituales y, con ello, fuera de la presión social que obliga a mantener, rehabilitar o invertir. Donde no hay paso, no hay comercio; donde no hay comercio, se apaga la calle; y donde la calle se apaga, el deterioro se acelera. En ese contexto, la infravivienda encuentra hueco: habitaciones baratas para quien no puede elegir, a costa de condiciones indignas y de un riesgo físico que, cada cierto tiempo, se materializa.
El derrumbe del jueves, en definitiva, no es una anécdota ni un episodio aislado. Es un recordatorio. El mismo que dejó la muerte de 2023, solo que esta vez sin víctimas. Y ese «sin» no debería servir para pasar página. El debate que vuelve a abrir Calahorra es incómodo porque no tiene una solución única: exige recursos para rehabilitar y derribar, sí, pero también instrumentos legales para inspeccionar cuando no hay colaboración, mecanismos para resolver propiedades fantasma, coordinación social para no dejar a familias en la calle y, sobre todo, una estrategia sostenida en el tiempo. Porque si el problema es estructural, también lo deberá ser la respuesta. Y si no lo es, la siguiente vez la suerte puede no llegar a tiempo.
