El colapso parcial de un edificio situado en la calle Estrella de Calahorra ha destapado la situación de hacinamiento en la que residían varias personas en lo que funcionaba como un presunto piso patera.
Tal y como ha explicado la alcaldesa Mónica Arceiz a NueveCuatroUno, en el momento del hundimiento había seis personas dentro de la vivienda, aunque los propios ocupantes llegaron a afirmar que en el inmueble llegaron a convivir hasta catorce personas.
El suceso se produjo en una casa declarada en ruina ordinaria, lo que implicaba la obligación de su derribo, aunque no de manera inmediata. No obstante, tras el colapso, el Ayuntamiento ha iniciado ya la tramitación para declararla en ruina inminente, por lo que el edificio será demolido en los próximos días mediante ejecución subsidiaria al no haber cumplido el propietario con el derribo pese a contar con licencia concedida.
La alcaldesa ha confirmado que ninguna de las personas que se encontraban en el interior resultó herida, si bien dos de ellas tuvieron que ser ayudadas a salir tras el derrumbe. Ninguno de los ocupantes era el propietario del inmueble y ninguno estaba empadronado en esa vivienda, ni tampoco en Calahorra, salvo dos personas que sí figuran en el padrón municipal.
Esta circunstancia impide al Ayuntamiento ofrecerles alojamiento de emergencia, ya que la normativa municipal exige un mínimo de dos años de empadronamiento en la vivienda afectada para acceder a este recurso. En el caso de las dos personas empadronadas en la ciudad, podrán optar, si cumplen los requisitos, a ayudas de emergencia social, que incluyen apoyo económico para el alquiler, alimentos u otras necesidades básicas, pero no el realojo directo.
En relación con el alquiler del inmueble, Arceiz ha señalado que no existe constancia documental de los pagos, aunque algunos ocupantes manifestaron a la Policía que llegaron a pagar hasta 350 euros mensuales en el pasado y que actualmente abonaban entre 150 y 250 euros, alegando el mal estado de la vivienda. Estas cantidades fueron referidas únicamente por los inquilinos.
Respecto al propietario, la alcaldesa ha indicado que ella no ha mantenido contacto directo con él, aunque la Policía Local sí llegó a hablar con él tras el suceso. Posteriormente, cuando trataron de localizarlo de nuevo, ya se había marchado, alegando que debía acudir al hospital donde se encontraba su mujer. Según se ha podido comprobar, el edificio presentaba un estado muy deteriorado y había sido parcialmente vaciado con anterioridad.
El Ayuntamiento está estudiando ahora la imposición de varias sanciones. Por un lado, una multa de hasta 3.000 euros por incumplir el deber de conservación del inmueble. Por otro, una sanción de entre 3.001 y 30.000 euros, ya que en el decreto de ruina se especificaba expresamente que el edificio no podía ser habitado ni siquiera de forma puntual.
Además, no se descarta que los hechos puedan ser constitutivos de fraude, dado que, según los testimonios recabados, el propietario habría cobrado un alquiler sin formalizar contrato alguno. Esta posibilidad está siendo valorada conjuntamente por la Policía Local y los servicios municipales.
Por último, los técnicos municipales están analizando las causas exactas del derrumbe, que no afectó a la cubierta del edificio. Según ha detallado la alcaldesa, el colapso se produjo desde los forjados inferiores hacia abajo, mientras que el tejado permaneció intacto.
