La responsable de los servicios jurídicos de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Marta Cid, cree que la operación de compraventa de terrenos en el polígono El Recuenco de Calahorra para la Fundación del Envase y el Embalaje podía haberse hecho de forma directa por esa entidad, sin que la primera interviniera, como hizo.
Cid ha hecho esta afirmación durante su comparecencia ante la comisión del Parlamento de La Rioja que analiza el proceso de compra de esos terrenos, que la ADER adquirió a la sociedad estatal SEPES para, posteriormente, traspasarlos a la Fundación del Envase.
La abogada ha incidido en el informe que ya emitió en su día, en el que consideró que la operación era “nula de pleno derecho” y “no existía una causa jurídica para la intervención de la ADER” porque, a su juicio, intervenían dos entidades públicas y era legal que acordaran entre ellas.
Varias de las afirmaciones que ha realizado han llevado a una contestación del diputado socialista José Angel Lacalzada, anterior consejero de Economía y presidente de la ADER cuando se hizo la operación durante la pasada legislatura, que ha calificado de “excesivas” algunas de las palabras de la compareciente.
Cid ha subrayado que mantiene ahora la misma opinión que entonces sobre esta operación, que afectó a 93.000 metros cuadrados y para los que se depositó la reserva por más de 287.000 euros.
Para ella, ese depósito ya conllevaba la aceptación de toda la operación, que superaba los 5,7 millones de euros y que obligaba a que, a finales de 2026, estuviera el 20 por ciento de los terrenos en funcionamiento.
Ha admitido que existía otro informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional que avaló la operación “por una cuestión de oportunidad y porque ADER solo era un intermediario”.
“Yo no pongo en cuestión ese informe porque en cuestiones jurídicas los hay para todos los gustos”, ha subrayado Cid.
También ha asegurado que los servicios de ADER advirtieron de que no existía un crédito de 5,7 millones de euros ni tampoco autorización del Consejo de Gobierno para esa partida y “por eso no se emitió un informe contable”.
En esta operación, ha explicado, ADER compraba los terrenos a unos 61 euros el metro cuadrado y luego los vendía a unos 35 a la Fundación, aunque existía una subvención del Estado para compensar esa diferencia.
Algo que, para ella, “choca con la normativa comunitaria, que dice que no se puede vender por debajo del precio de mercado, al menos durante tres años”; y “también establece que una subvención no puede compensar pérdidas porque sería una ayuda de Estado”.
Este expediente, ha señalado, se ha remitido al Consejo Consultivo para que emita un dictamen y, “en última instancia, los tribunales deciden”.
No se saltó ningún procedimiento
Por su parte, Lacalzada ha recalcado que “no se podía hacer esa venta de forma directa porque no lo permite la normativa estatal y porque, de lo contrario, no se hubiera seguido ese procedimiento”.
“No se saltó ningún procedimiento administrativo ni trámite y solo se hizo una garantía para poder acceder al proceso y, posteriormente, es cuando se pagaba lo demás y para ese anticipo no era necesario el acuerdo del Consejo de Gobierno”, ha afirmado.
Además, ha resaltado que “los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, de SEPES y del Ministerio de Vivienda estaban de acuerdo” y “consideraban que no iba a producirse una pérdida patrimonial ni de dinero público”.
David Mena, del PP, ha considerado que, en la pasada legislatura, la ADER “era un barco sin rumbo, con acciones caóticas y prisa para llegar con algo a las elecciones” y, por eso, se promovió esta operación, en la que se compraba suelo a 61 euros el metro y se vendía a 35.
“Algo que no sé si es legal, sobre todo porque se pretendía compensar con una subvención y no sé si eso se puede hacer”, ha indicado.
