En el Día Europeo contra las Agresiones a los profesionales en el ámbito sanitario, La Rioja ha confirmado que el año pasado se notificaron 25 incidentes violentos más que en 2022, 106, que han afectado a un total de 136 trabajadores sanitarios. Del total de incidentes, 20 fueron originados por pacientes de salud mental y afectaron a 25 trabajadores.
De los 106 incidentes registrados el año pasado, en un 19 por ciento de los casos fue un incidente con violencia física y en el 66,9 por ciento de los casos se registró en centros atención Hospitalaria. Personal enfermero (36 por ciento), personal médico (33 por ciento), TCAEs (23 por ciento) son los colectivos que en los que recae el mayor número de incidentes. Les siguen, de lejos, celadores (4 por ciento) y personal administrativo (3 por ciento).
Los incidentes violentos notificados representan una incidencia media de 25,63 trabajadores agredidos por mil, siendo los profesionales de Atención Primaria los más afectados, nuestra incidencia relativa en este nivel asistencial es de 36,7 agresiones notificadas por mil trabajadores, algo inferior a la nacional que es de 44,52 por mil en este nivel asistencial.
En cuanto a la edad, sexo y categoría profesional de los afectados, los datos del SERIS son similares a los nacionales salvo en la afectación a personal administrativo que en nuestro caso es muy inferior al nacional y también hay menos incidencia en el grupo de trabajadores mayores de 55 años.
Acciones y formación
El Plan de Prevención de Agresiones se aprobó en 2008 y tiene un enfoque eminentemente preventivo contemplando medidas estructurales y organizativas que se han ido implantando en estos años, como la instalación en todos los ordenadores de una aplicación de alerta ante agresiones (se trata de un sistema de aviso para poder solicitar ayuda de forma inmediata ante situaciones de riesgo y posibles agresiones pulsando un icono con forma de flotador en el escritorio del ordenador), la elaboración de protocolos de actuación ante situaciones conflictivas y sobre todo actividades de formación que se llevan a cabo todos los años para reforzar las habilidades de los profesionales en la comunicación con los pacientes, en el manejo de situaciones difíciles, etc. El año pasado se realizaron doce actividades formativas de este tipo, a las que han asistido 305 trabajadores.
Con el objetivo de prevenir y ayudar a los profesionales ante estas situaciones se ha ido incrementando la presencia de vigilancia de seguridad propia en aquellos centros o servicios donde se detecta mayor conflictividad. Es de destacar, por otro lado, la excelente colaboración por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que responden de forma inmediata a todas las demandas de apoyo que se les hace desde los centros sanitarios, insistiendo ellos mismos en la importancia de contar con su presencia con carácter disuasorio, cuando se prevean situaciones potencialmente conflictivas para evitar las agresiones.
Cuando ocurre el incidente, el trabajador debe poner en marcha el protocolo de actuación ante una agresión que empieza por pedir ayuda inmediata a compañeros, personal de seguridad u otros pacientes, si el caso lo requiere. La notificación del incidente se remite al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que se pone en contacto con el trabajador ofertándole apoyo psicológico y jurídico, si se requiere, para valorar la tramitación de demanda judicial u otras medidas. Se analizan los hechos y se valora la necesidad de aplicar otras medidas como la remisión de carta de reprobación al agresor por su conducta inadecuada.
En este sentido es importante señalar que la propia Ley de Salud de La Rioja, Ley 2/2002 de 17 de abril, cuyo objeto es garantizar en nuestra Comunidad Autónoma el derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución, recoge en su Título II los Derechos y los Deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la atención sanitaria, y en concreto, en su artículo 20, establece el deber de los usuarios del sistema sanitario de respetar las normas y a los profesionales de los centros asistenciales.
La agresión a un profesional sanitario está tipificada como delito en el actual Código Penal que reconoce al profesional sanitario como autoridad pública.
En la reunión de noviembre del Observatorio, los integrantes manifestaron que se está constatando una pérdida de autoridad y que, probablemente, la pandemia ha contribuido negativamente en este aspecto.
