Ángel Sánchez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja, aborda en sus sesiones y en los diferentes estudios y artículos de investigación en los que participa cuestiones referidas al derecho agrario, así como a la gestión de explotaciones familiares de este ámbito. Ante las movilizaciones del sector que han protagonizado estas últimas semanas, este profesor desgrana y valora las políticas europeas que tanto enfado están generando en el campo.
– ¿Qué valoración hace de las reivindicaciones del sector agrario?
– La movilización de los agricultores y ganaderos –en su mayoría titulares de Explotaciones Agrarias Familiares- no carece de motivos y requiere propuestas de futuro. El pasado año se inició el nuevo periodo de la revisada PAC y con ella, muchos de los titulares de las Explotaciones Agrarias consideran amenazada su viabilidad. En los últimos meses se ha incrementado el malestar en el sector agrario ante algunos efectos desfavorables originados por ciertos aspectos de la nueva PAC.
Las oportunas reivindicaciones del sector agrario apuestan por un tipo de Explotación Agraria, la Familiar, sostenible económica, social y ambientalmente para lo cual propugnan una flexibilización de aquellas medidas que se han demostrado claramente perjudiciales o poco propicias para favorecer la viabilidad de las susodichas explotaciones agrarias. Se ha de favorecer, por tanto, un modelo de Explotación Agraria Familiar frente a un modelo agropecuario industrial.
– ¿Cómo se puede ajustar la PAC a esas reivindicaciones sin desviarse de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) a la vez que no se altera la rentabilidad del sector?
– Está claro que el sector agropecuario resulta muy afectado por las consecuencias desfavorables que acarrea el cambio climático. Se requieren recursos públicos para la
modernización del regadío y la adecuada gestión del agua, así como para realizar investigaciones en nuevas prácticas agronómicas y la gestión de los suelos, además de abordar los seguros agrarios –ante los riesgos atmosféricos–. No estaría de más que la Unión Europea crease un fondo para el Cambio Climático y sus efectos en el sector agropecuario.
– Más allá de esas consecuencias del cambio climático, ¿cuáles diría que son los problemas de base, de fondo, para que el sector agrario haya llegado a la situación actual?
– Por un lado, el tema de la competencia desleal. Tanto los productores de la UE como los de terceros países deberían tener unas mismas exigencias normativas en cuanto a la producción agraria y en las relaciones comerciales. En caso contrario, se puede favorecer a las grandes corporaciones financieras que controlan la producción en terceros Estados, originándose esa competencia desleal. Las denominadas “clausulas espejo” llevarían a imponer las mismas exigencias y requisitos a los productos de la UE y a los de fuera de la Unión, alcanzando una reciprocidad en las relaciones comerciales con Estados no comunitarios y exigiendo a todos productos agrarios de unos y otros países los mismos requisitos normativos de producción y comercialización. Por otro lado, las sucesivas reformas de la PAC han ido incrementando los trámites administrativos, con más
“burocracia”, como lo llaman, desbordando la paciencia, y muchas veces las posibilidades, del agricultor o del ganadero. Además, se quiere establecer las obligaciones de vigilancia de un Plan sanitario integral de explotaciones ganaderas y el sistema integral de gestión de explotaciones bovinas.
– Otra de las reclamaciones que presenta el sector es el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. ¿Cómo valora la modificación de dicha ley para mejorar su funcionamiento y que haya más equilibrio en el poder de negociación?
– Los productores agrarios tienen unos costes que han de ser cubiertos por los precios abonados por el siguiente eslabón de la cadena, ya que cada eslabón ha de agregar valor, no destruirlo. La UE, en determinadas condiciones, con requisitos exigentes, puede permitir que no se apliquen las normas de la competencia a la producción y a la contratación entre los operadores de la cadena alimentaria –at. 42 y 43 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)-, teniendo presente los objetivos del art. 39 TFUE.
– ¿Qué soluciones plantea ante este escenario de malestar e incertidumbre?
– En materia de envejecimiento de los titulares de las Explotaciones Agrarias Familiares se requiere un mayor apoyo a la incorporación de los jóvenes al sector agrario. A ello ayudaría el asegurar los servicios públicos esenciales en el mundo rural y el apoyo a diversas actividades económicas sostenibles en las poblaciones rurales. Respecto a los fitosanitarios, la reducción de plaguicidas procede, pero con previo estudio de impacto agronómico con evidencias científicas, teniendo presente la realidad agropecuaria de cada país El sector agropecuario está a favor del uso sostenible y racional de los fitosanitarios, pero manteniendo la rentabilidad agraria de las explotaciones agropecuarias.
– ¿Y cómo valora las últimas medidas planteadas por el ministro de Agricultura la pasada semana?
– Parece que el Ministerio – como también la UE- empieza a reaccionar y ha tomado nota en cuanto a la simplificación de la PAC, al apoyo a la contratación de seguros agrarios, a mantener la reducción del impuesto hidrocarburos, a reforzar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. La UE también defiende ante la Organización Mundial del Comercio el principio de reciprocidad en la normativa de utilización de fitosanitarios en la producción-importación de alimentos y toma nota sobre las iniciativas para el relevo generacional. Veremos…
