Cuatro técnicos del Ayuntamiento de Arnedo han confirmado este martes que en este municipio no se han ejecutado las órdenes de derribo de las construcciones ilegales ubicadas en la ribera del río Cidacos a pesar de los expedientes que se incoaron desde el Consistorio.
Estos empleados municipales han declarado como testigos en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Logroño contra el exalcalde de Arnedo Juan Antonio Abad, a quien el fiscal pide una pena de 14 años y 4 meses de inhabilitación para cargo público como presunto autor de los delitos continuados de prevaricación administrativa y de omisión del deber de perseguir delitos.
La defensa de Abad solicita su absolución por considerar que no ha cometido ningún delito y no puede ser sancionable su conducta durante sus tres mandatos, entre 2003 y 2015.
En la vista se ha constatado la proliferación en Arnedo de construcciones ilegales, conocidas popularmente como ‘casillas’, ubicadas en suelo no urbanizable protegido en la zona de las huertas del río Cidacos.
Caos burocrático “flagrante”
Un técnico que trabajó entre 2010 y 2012 en el Ayuntamiento arnedano ha explicado que fue “contratado en 2010 para poner orden en el caos burocrático flagrante de las ‘casillas'”.
Ha asegurado que desde el punto de vista jurídico la situación era “un auténtico desastre”, mientras que desde el ámbito administrativo “algunos funcionarios se esforzaban más que otros”.
Desde el Consistorio se tramitaban expedientes de demolición en los casos de construcciones ilegales, “que no se ejecutaban porque había cierta resistencia de los particulares”, ha indicado.
En los tres años que estuvo en el Ayuntamiento, en los que se incoaron 36 expedientes sancionadores por edificaciones ilegales, ha insistido en que “jamás” se realizaron derribos por ejecución subsidiaria.
Este técnico ha precisado que, a lo largo de 40 años, se llegaron a edificar unas 1.500 construcciones ilegales, por lo que ese “caos” es fruto “de las diferentes corporaciones de Arnedo, que lo han tolerado”.
Vigilante urbanística
También ha testificado la vigilante urbanística del Ayuntamiento, una figura que se creó en 2008 con más autoridad que el vigilante de obras habilitado por Abad al principio de sus mandatos para comprobar la legalidad de las construcciones.
Esta funcionaria ha indicado que las órdenes de derribo no se ejecutaban ni el Ayuntamiento obligaba a los propietarios a ejecutar los expedientes que ella tramitaba.
El arquitecto municipal de Arnedo entre 1985 y 2019 ha precisado que él solo intervino en demoliciones cuando había una declaración de ruina y era preciso actuar desde el Ayuntamiento.
Ha recordado que llegó al Consistorio como asesor urbanista “por los problemas serios que tenían, y tienen, con las ‘casillas'” y apuntado que “había cosas que no se hacían” por parte de la Policía Local, que no se encargan de revisar si las casas tenían licencia.
Por último, el secretario del Ayuntamiento de Arnedo entre 2006 y marzo de este año ha subrayado que hacer cumplir la legalidad urbanística es potestad municipal, por lo que cree que el Consistorio no empleó las herramientas que tenía contra las construcciones ilegales.
Ha dicho que en su etapa en Arnedo se aprobó alguna demolición por Resolución de Alcaldía, pero después “no se ejecutó ninguna”, y ha opinado que existía “la creencia popular de que se si se pagaba la sanción ya se estaba en paz con el Ayuntamiento”.
El juicio se reanudará el próximo 12 de enero, con la comparecencia de algún testigo más y guardias civiles del Seprona de la unidad adscrita a la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo.
