El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, conforme con lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento del Parlamento de La Rioja, ha registrado este jueves una solicitud de comparecencia con carácter urgente y a iniciativa propia ante el Pleno de la Cámara para tratar una cuestión de importancia trascendental para La Rioja: la línea eléctrica Tauste-Júndiz a su paso por La Rioja.
Tal y como establece el Reglamento, la Cámara fijará, tras la reunión este viernes de la Mesa y Junta de Portavoces, fecha y hora de la sesión plenaria en la que se celebrará esta comparecencia de Gonzalo Capellán, para abordar un asunto de interés regional, dada las múltiples afecciones que este proyecto, tal y como está concebido, representa para la región desde el punto de vista paisajístico, patrimonial, agrícola y social.
Sobre este particular, cabe recordar que el Gobierno de La Rioja interpuso el 30 de enero un recurso de alzada contra la resolución de 18 de diciembre de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Energía Inagotable de Providentia, SL, autorización administrativa previa para el parque eólico Providentia, de 28 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación en las provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos (entre las que se incluye la línea de alta tensión Tauste-Júndiz), publicada el 5 de enero de 2024 en el Boletín oficial del Estado.
El Ejecutivo regional recurrió por la vía administrativa contra esa resolución instando a la Secretaría de Estado de Energía a que no conceda autorización administrativa ni declaración de utilidad pública al parque eólico Providentia, así como a que declare nula la resolución de 18 de diciembre de 2023. A su vez, el Gobierno de La Rioja solicita la nulidad para otros proyectos que, habiendo recibido también autorización previa, requieren evacuar a través de líneas que atraviesan territorio riojano (Parques eólicos Promitor, Recarano, Othar, Priamo, Robigus, Quirite y Prietas; y los parques fotovoltaicos Tara y Umiko).
En el recurso presentado, sobre el que aún no ha habido pronunciamiento por parte de la Secretaria de Estado, el Ejecutivo autonómico solicitaba la nulidad y suspensión del acto administrativo y la adopción de medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del interés público de los riojanos, que ven peligrar su territorio a costa de invadir su entorno sin que operen las más mínimas garantías procedimentales y de seguridad jurídica que constitucionalmente deben amparar al conjunto de los españoles de acuerdo a los artículos 1,24, 53 y 103 de la Constitución Española.
