La Audiencia Provincial de Logroño acoge desde este martes el juicio por el que la Fiscalía pide para el exalcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, 14 años y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presunto autor de los delitos continuados de prevaricación administrativa y de omisión del deber de perseguir delitos en el caso de las casillas ilegales de la localidad.
En su escrito de acusación inicial el ministerio público analiza 38 expedientes y considera presunto autor de diferentes conductas delictivas al investigado, quien fue alcalde de Arnedo en las listas del PP desde junio de 2003 a junio de 2015.
Según la Fiscalía, a Abad le correspondía el deber de ejercitar la potestad en materia urbanística en el municipio. Así, explica con detalle que el entonces alcalde no sancionó a todas las casillas ilegales que se encuentran en la ribera del Cidacos. Porque, aunque la realidad es que entre 2003 y 2013 se interpusieron multas por un valor de más de un millón de euros, en ningún caso se paralizaron las obras que habían comenzado ni se ejecutó ningún derribo para “restaurar la legalidad vigente” tal y como ordena la normativa.
Denuncias que eran “pura apariencia”
Explica que “toda la respuesta administrativa realizada por el investigado ante conductas que contravienen la legalidad urbanística quedaba en una pura apariencia; los procedimientos se tramitaban formalmente, pero no se cumplían en la realidad lo que en ellos se resolvía”.
La realidad es que lo que se conocen como ‘casillas’ en Arnedo, en mucho casos son ostentosos chalés que se vienen construyendo desde finales del siglo pasado, incluso antes de que Abad fuese alcalde. Una costumbre que es habitual en otras riberas de ríos riojanos como la del Iregua y que viene haciéndose desde hace décadas en diferentes municipios riojanos donde las casas de aperos han pasado a ser construcciones de ocio. Pero para la Fiscalía, “los hechos y la repetición de un mismo patrón de comportamiento” acreditan que existe en el exalcalde “un designio consciente, voluntario e ilegítimo de tolerar absolutamente la realización de construcciones y edificaciones ilegales” en Arnedo.
Alegaciones: “tranquilidad social”
Los motivos alegados por el investigado (“búsqueda de tranquilidad social”) carecen para el fiscal de cualquier amparo legal, aunque se invoque a un “interés general” que nunca puede ser contrario a la observancia y cumplimiento de la ley.
Aunque resulta prácticamente imposible cuantificar la cantidad de casillas que se construyeron durante esos años en Arnedo, motivada por la ilegalidad y la falta de petición de licencias en el consistorio, en la causa consta la existencia de más de 1.500 construcciones ilegales, principalmente en el suelo no urbanizable protegido de las Huertas del Río Cidacos, de las que sólo fueron sancionadas “una pequeña parte”.
El informe de la fiscalía va más allá y asegura que el entonces alcalde nunca ordenó ni hizo ejecutar el precinto de las obras ilegales “tras desobedecerse la orden de paralización inmediata de las obras” y nunca hizo cumplir “la ejecución forzosa de la orden de demolición o de restauración de la finca al estado anterior a las obras ilegales”.
