El abogado logroñés al que la Audiencia Provincial de Logroño juzgaba desde este miércoles, por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, tendrá una pena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que inicialmente pedía para él nueve años de cárcel.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja las partes han llegado a un acuerdo de conformidad que establece una pena de dos años de prisión por los dos delitos de apropiación indebida, además de una multa de 3.650 euros y cuatro años de inhabilitación profesional.
Además la condena ha sido suspendida a condición de que en 12 meses pague el importe total que se le pide en concepto de responsabilidad civil, alrededor de 18.000 euros.
Según el escrito de acusación de este proceso, el abogado ideó “un plan” para “obtener un ilícito beneficio económico” en el cobro de diferentes cantidades para lo que “se apoyó en su credibilidad profesional”.
Por un lado, una pareja de clientes requirió sus servicios a finales de 2013 para iniciar una reclamación judicial a una entidad bancaria, para lo que él pidió un adelanto de 7.400 euros por sus servicios; ganó el pleito (por más de 178.000 euros), con lo que el banco debía abonar las costas, aunque él facturó a sus clientes otros 10.700 euros.
Incluso explicó a sus clientes que podían hacer una reclamación de una cantidad más, para lo que les solicitó más de mil euros por sus servicios; sin embargo, los clientes no obtuvieron más respuesta y tuvieron que reclamar al abogado la devolución del dinero adelantado dado que él había percibido las costas del proceso por más de 17.700 euros. El abogado se comprometió a devolver el importe cobrado entres pagos, pero solo hizo efectivo uno por unos 5.800 euros.
También defendió a otra pareja de clientes en un proceso contra una entidad bancaria, a la que se condenó a pagar las costas del juicio, aunque él ya había percibido por ello 2.400 euros y les exigió luego otros 4.400, que le fueron abonados.
El fiscal detalló que este abogado incorporó a su patrimonio unos 18.300 euros y le acusaba de dos delitos de estafa, aunque de forma alternativa pueden ser dos delitos de apropiación indebida -por los que ha sido condenado- y de forma subsidiaria consideraba que existen dos delitos de deslealtad profesional.
