Dos polígonos terminados hace años, uno en Alfaro y otro en Calahorra, varias empresas interesadas en ubicarse en ellos y ni un sólo metros de suelo industrial vendido, más allá del comprado por el Gobierno regional para la edificación del Centro de Tecnologías del Envase. Gonzalo Capellán también ha querido dedicar una parte de su discurso de repaso a los cien días de Gobierno en el Parlamento de La Rioja a la situación de los polígonos de La Senda y El Recuenco en Calahorra.
Tras adquirir 94.000 metros cuadrados para la construcción del Centro de Tecnologías del Envase, el gobierno de Concha Andreu aseguró hace meses que tenía prevista la compra-venta de la totalidad de la superficie de los dos polígonos; cerca de un millón de metros cuadrados que comprar a SEPES “para acelerar la implantación de distintas actividades industriales”.
La idea era comprarlo a su precio (55 euros por metro cuadrado) para poder venderlo a las empresas a 35 euros el metro cuadrado. Para ello el gobierno regional ya ha recibido 20,5 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica que es la diferencia entre un precio y el otro. ¿Cuál es entonces el problema que ve el actual gobierno regional? Pues no es otro que los condicionantes que marca el ministerio o lo que es lo mismo “unas obligaciones muy serias en orden a garantizar nuestra estabilidad financiera”.
Así, Capellán ha explicado que el plazo máximo para la adquisición de las parcelas finaliza el 31 diciembre de 2024 y la implantación de empresas deberá alcanzar, al menos, el 20% de la superficie de las adquiridas antes del 31 de diciembre de 2026. Si no habrá que reintegrar la totalidad de esos 20,5 millones de euros.
Según el gobierno regional eso es más que imposible. “Con esos plazos se han puesto ustedes mismos la soga al cuello. Una mala gestión, de la que nos pretenden hacer cómplices, o más bien rehenes para disipar su fechoría”.
Renegociar las condiciones
Para solucionar esta encrucijada, Capellán ha asegurado que se ha solicitado una reunión con el Ministerio para renegociar esas condiciones y convertirlas en viables y beneficiosas para los riojanos. “Vamos a plantear una ampliación del período estipulado para la implantación de empresas, así como que el incumplimiento de requisitos no obligue a la devolución íntegra de los fondos percibidos sino que afecte exclusivamente a la devolución de los fondos de la parte del suelo que no haya sido ocupado por actividad industrial en el plazo estipulado”.
Para el presidente regional lo justo es que “ya que le hacemos el trabajo a SEPES a quien vamos a comprar el suelo a precio de mercado, el Gobierno de España corresponderá a La Rioja estableciendo criterios justos, realistas y viables para que el proyecto se pueda llevar a cabo con éxito como es de interés para todos”.
Capellán ha vuelto a soltar preguntas al aire sobre la situación de los dos polígonos. “¿Por qué SEPES nos da 20 millones para que nosotros compremos las parcelas a 55 euros y después las vendamos a 35 euros? ¿No sería mejor que el propio SEPES, que es el promotor y propietario, aplicara esa rebaja?”. Y es que para el actual gobierno riojano, “si tanto interés tiene el Gobierno de España en que se llenen de actividad sus parcelas en La Rioja, SEPES no tiene más que darle a una tecla y rebajar el precio a 35 euros el metro cuadrado”, ha dicho poniendo como ejemplos ventas con importantes rebajas por parte de SEPES en Ceuta o Huelva en los últimos meses.
Para el gobierno regional “el riesgo es descomunal”: tener que llenar unos polígonos vacíos con la amenaza de rescatar sus 20 millones si no se consigue implantar el 20 por ciento de actividad antes de tres años.
Acostumbrado a las metáforas, esta vez Capellán ha puesto un ejemplo concreto: “¿Qué será lo siguiente? ¿Comprar a AENA el Aeropuerto de Agoncillo y sus instalaciones a cambio de una subvención y después tener que devolverla porque no se ha alcanzado un número suficiente de operaciones aéreas para después quedarnos con el Aeropuerto?
“Las negociaciones para adquirir este millón de metros cuadrados a SEPES es claramente lesiva para los intereses de La Rioja en sus términos actuales”. Es por eso que no la descartan pero aseguran que pasa por una renegociación con nuevas condiciones: ampliación de los plazos de implantación y, sobre todo, modulación de las cláusulas por incumplimiento. Y todo ello, cuando la auditoría en marcha garantice que se puede efectuar en condiciones de seguridad jurídica por parte de la administración.
