Las organizaciones agrarias ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA La Rioja advierten que denunciarán la compra de uva para esta campaña en la que se incumpla la ley de la Cadena Alimentaria. Haciéndose eco de la información publicada este domingo por NueveCuatroUno, en la que se anunciaba la intención de una importante bodega de Rioja Alta de establecer contratos de compraventa a 40 céntimos, todas ellas se han mostrado en contra de este tipo de transacciones en las que no se cubren los costes de producción de los viticultores.
En este sentido, ARAG-ASAJA reclama que los contratos han de detallar el plazo de pago, de forma que se pueda demostrar que se garantiza el precio mínimo de referencia para las operaciones que están encima de la mesa. Cree necesario recordar que La Ley de la Cadena prohíbe expresamente la compra de productos agrarios por debajo del coste de producción y que el último estudio de costes de producción medios de uva y vino a granel, elaborado por la Consejería de Agricultura en 2022, establece el coste de producción de uva tinta entre 67,14 y 68,44 céntimos por kilo para cultivo en vaso y espaldera, mientras que en el caso de la uva blanca se sitúa entre los 55,25 y los 56,72 céntimos.
Por este motivo, y con el objetivo de evitar “prácticas desleales” y que los productores tengan miedo a denunciar ante sus proveedores, la organización se ofrece a tramitar ante la Consejería de Agricultura y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) aquellos contratos que no cumplan la Ley.
Además, ASAJA ha manifestado que reclamará al Gobierno de La Rioja que aquellas empresas que no paguen, como mínimo, los costes de producción a los viticultores de Rioja sean excluidos de las ayudas directas para reducir los excedentes de vino, una orden que está elaborando el Ejecutivo y cuya cuantía asciende a 15 millones de euros ya aprobados (más otros 17 millones para el próximo ejercicio).
La organización espera que, conforme se acerque la vendimia y con ella el mercado se mueva, las operaciones importantes que se conozcan “contribuyan a desacreditar operaciones que esperamos sean anecdóticas y ayuden a calmar un mercado en el que Rioja está tomando decisiones que se refieren no solo a la reducción de excedentes, sino también a la calidad del producto y que en Rioja deberían seguir siendo sustanciales en el cálculo del precio de la uva, primero, y del vino después”.
Desde UPA La Rioja también instan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a asegurar que todas las bodegas paguen por encima de los costes y que si se da el caso, aplique el régimen sancionador y excluya a esa bodega de todas las líneas de ayudas públicas: “Los 15 millones anunciados no son suficiente para solucionar el actual problema y esperamos que no se traduzcan en un mero reparto de dinero entre bodegas, sino que sean parte de una solución que requiere medidas más ambiciosas para abordar de forma responsable el problema de los viticultores riojanos”.
Además, la organización considera que deberían quedarse fuera de estas ayudas las bodegas que hayan especulado con la compraventa de uva y vino, por lo que se mantendrá “vigilante” ante cualquier transacción que incumpla la Ley de la Cadena y denunciará todas las operaciones que tengan indicios de incumplimiento de la misma.
De igual forma, la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja propone al nuevo Gobierno que el reparto de fondos revierta en los viticultores y las pequeñas bodegas de cosecheros que no embotellan y cooperativas. Reclama, además, que se compense la reducción de rendimientos, como hace el País Vasco, “lo que haría más apetecible la vendimia en verde”.
“Los viticultores de la DOC Rioja reducen sus producciones campaña tras campaña, pero su esfuerzo no siempre se ve recompensado con unos precios que superen los costes de producción, ya que hay bodegas que incumplen flagrantemente la Ley de la Cadena Alimentaria al pagar en el entorno o por debajo de los 70 céntimos por kilo de uva, coste medio de producción de la campaña 2021. Unos costes, por cierto, que aumentan cada vez que se reducen los rendimientos”, inciden.
A este respecto, la Unión exige al gobierno riojano que publique urgentemente el estudio de precios medios y costes de producción de la campaña 2022: “Es sabido que de 2021 a 2022 los precios de los insumos y la mano de obra que se emplean para el cultivo de las uvas subieron espectacularmente, por lo que precios en el entorno de los 70 céntimos significan claras pérdidas para los viticultores”.
Así mismo, la UAGR exige al nuevo gobierno que las ayudas anunciadas lleguen a los viticultores más necesitados. Para ello, solicita que se obligue a todas las bodegas de Rioja que elaboren unos contratos con precios por encima de costes de producción y plazo de pago, así como que se inscriban en el Registro de Contratos Alimentarios, obligatorio desde el 30 de junio. “Cualquier ayuda pública a las bodegas debería vincularse al cumplimiento de estas obligaciones, en especial a la de los pagos de la uva. Se deberían excluir además a las que hayan realizado transacciones vinícolas durante el último año y a las que hayan percibido ayudas para el almacenamiento de vino derivadas de la pandemia del COVID-19”.
