Los regantes de la cuenca del Valle del Iregua han planteado una batería de medidas económicas para paliar la merma de producción que van a encontrarse este verano en sus explotaciones. En una reunión celebrada este martes con fruticultores, sindicatos agrarios y representantes de la Denominación de Origen Protegida Pera de Rincón de Soto se ha debatido sobre las posibles actuaciones a tomar en cuenta, donde las administraciones han de jugar un papel importante.
En un segundo encuentro esta vez los representantes de la cuenca del Iregua se han reunido con la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y con la de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, a quienes les han trasladado las demandas a la espera de respuestas. “Hemos expuesto la situación que atraviesa el sector para que la propia Administración comprenda lo que ocurre y las pérdidas económicas que se pueden derivar, así como para que mueva las líneas de ayudas necesarias”, señalan fuentes de la cuenca del Iregua.
Principalmente, se han puesto sobre la mesa las ayudas directas a los agricultores afectados como medida más prioritaria que ya se han solicitado desde los propios sindicatos agrarios y desde las comunidades de regantes, para recuperar las pérdidas en las explotaciones. También se han reclamado exenciones en las cuotas de la seguridad social agraria durante más de un año, ayudas a jóvenes agricultores, exenciones fiscales y flexibilidad en la aplicación de los requisitos de la nueva PAC.
Por otro lado, se ha abordado la posibilidad de incluir los daños por sequía hidrológica en las líneas de seguros aunque se trate de zonas de riego, aspecto que se debatirá en reunión de la Comisión Territorial de Seguros de este jueves. Medidas que “alivian” y que ya se han plasmado sobre el papel y se han trasladado de manera urgente al Ministerio de Agricultura, pero, “¿quién tiene fuerzas para volver a levantar una explotación que se ha echado a perder así?”.
Finca de perales en Albelda de Iregua junto al canal de riego.
También han planteado a la Administración la posibilidad de declarar esta situación como ‘Zona catastrófica’, aunque Miñana ya ha señalado que eso se tendrá que valorar en base a la Ley de Sistema Nacional de Protección Civil que existe y que se ajusta a daños catastróficos, emergencias de protección civil, daños materiales o realojamiento de población: “No queremos decir que la zona no pueda ser declarada zona catastrófica. Pero en principio la norma contempla una serie de condiciones y ahora mismo todas esas condiciones no se dan”.
La DOP ya ha resaltado que la merma de producción en esta zona, de la que procede el 40 por ciento de la cosecha de peras amparadas por este sello, rondará el 80 o el 90 por ciento. “Están en juego muchas hectáreas de frutales que se pueden venir abajo incluidos las plantaciones jóvenes que todavía no han entrado a formar parte de la denominación, más allá del daño a la imagen institucional de la marca. Las cifras en daños son abismales, de muchos millones”, matizan.
La preocupación, por tanto, no hace más que acrecentarse en esta zona regable del valle medio-bajo del río, dependiente de los embalses de Pajares y González Lacasa (al 35,2 y al 53,7 por ciento de su capacidad, respectivamente) y cuyas peras comienzan a secarse por la falta de riego.
