El sector del autocar, “herido de muerte” desde 2020 y que ha celebrado en Cáceres el II Congreso Nacional de Pymes del Transporte de Viajeros por Carretera, ha alertado de la necesidad de modificar la regulación del transporte escolar para la supervivencia del modelo ante el impedimento a centenares de vehículos de dar servicio el próximo curso.
Las rutas escolares ha sido uno de los puntos que se ha tratado en el congreso, así como los servicios de línea regular, el sector discrecional turístico, temas laborales, la futura Ley de Movilidad Sostenible, además de la sostenibilidad, digitalización y la eficacia y eficiencia de costes en este sector.
Juan Manuel Sierra, director del Congreso y miembro de Direbús, asociación organizadora que aglutina a casi 750 pymes, además de las vinculadas a las 12 asociaciones territoriales, ha explicado a EFE que estas pymes están “heridas de muerte, desde marzo de 2020″ y “llevan una crisis económica galopante en sus tesorerías”.
“Las pymes trabajan a riesgo y ventura, lo que ganan lo invierten en recursos materiales y humanos, apenas hay rentabilidad en circunstancias normales, imagina lo que significaba el hecho de que no hubiera ingresos durante meses y las partidas de gastos continuaran”, ha dicho respecto a la crisis por la covid.
A su juicio, las ayudas directas de las administraciones tardaron en llegar por el paro durante la pandemia y fueron insuficientes, y ya hoy se siguen necesitando ayudas pues, aunque los créditos ICO “hicieron sostenible la supervivencia”, ahora llega el periodo de carencia y tienen que devolverlas, “se necesita ampliarlo más, no hemos tenido tiempo de tener rentabilidad”.
Según ha explicado, muchas empresas del sector siguieron en 2019 con la renovación continua de su flota, y al año siguiente no podían realizar su trabajo pero seguían teniéndolo que pagar y, para mantenerse, pidieron dichos créditos. Tras ello, 2022 fue insuficiente para el retorno a la normalidad, a su juicio, algo que se espera alcanzar en 2023.
Sierra ha valorado el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, una norma marco para el transporte sostenible de viajeros que, aunque cuenta con aspectos mejorables, en su opinión, abre “posibilidades” para la liberalización paulatina del sector, algo que es “necesario”.
Además, ha recordado que va en consonancia con la recomendación de la CNMC para que todas las empresas tengan igualdad de oportunidades con independencia de su tamaño. “Es una norma que necesita desarrollo en multitud de aspectos. El sector no ha terminado de aportar ideas porque se necesitan desarrollos, debemos seguir trabajando”, ha dicho.
Sobre el transporte escolar en autocar, señala que es un servicio que lleva “décadas” siendo “ejemplar, de calidad y sostenible”, pero que está “absolutamente abandonado y deteriorado” por las administraciones pues “la regulación no está aunada sino que viene determinada por las competencias en las comunidades autónomas e incluso provincias”.
Ha recordado que la normativa que regula el transporte escolar es de 2001 “está obsoleta”, y ha lamentado que desde la administración no se ayude a modificarla “para que el modelo no se muera”.
A su juicio, en septiembre, el curso que viene, habrá fácilmente “centenares de vehículos que por el fin de la edad útil por normativa llegan a su fin”, lo que supondrá un problema. “Han estado mucho tiempo parados y pueden estar perfectamente un par de años más porque es necesario, si no muchas rutas escolares no se van a poder dar porque faltarán vehículos”, ha dicho.
