Los letrados de la Administración de Justicia, que llevan en huelga desde el pasado 24 de enero, han advertido del coste que supondrá este conflicto para la comunidad autónoma, que deberá acometer un plan de contingencia para tratar de compensar los efectos causados hasta ahora, entre ellos la suspensión en La Rioja de 750 juicios.
Así lo ha explicado este jueves Judith González, delegada de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales de España, a las puertas del Parlamento de La Rioja, en cuyo pleno el consejero de Justicia, Pablo Rubio, ha contestado a preguntas sobre este conflicto. Antes de comenzar el Pleno el propio Rubio ha mantenido un breve encuentro con los letrados, en el exterior del hemiciclo, y durante unos minutos se les ha unido la presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu.
La portavoz de los letrados ha incidido en que “el conflicto ha alcanzado tal volumen que va a suponer un coste para las comunidades autónomas, que van a tener que hacer un plan de contingencia con funcionarios y demás para sacar el atasco que hay” ya que se han suspendido 1.500 actuaciones, entre ellas 750 juicios.
Además están bloqueados en las cuentas de los juzgados riojanos caso 15 millones de euros, de los que cerca de dos debían haber salido en las últimas semanas para pagar indemnizaciones o pensiones alimenticias, entre otros conceptos.
González ha subrayado que con las demandas salariales de su colectivo “no se busca que seamos jueces o fiscales” pero “es que también tenemos funciones diferentes a las de los funcionarios”, por lo que piden otro tratamiento.
“La ministra de Justicia -Pilar Llop- dijo ayer que nos han subido el sueldo un 14 por ciento, que es cierto, pero se ha subido a todos los funcionarios y ellos no han tenido el incremento de funciones que hemos tenido nosotros”, ha insistido y ha precisado que “además dentro del 14 por ciento hay un 8 % que se incluye en la programación de subida para todos los funcionarios en tres años”.
Los letrados de Justicia “tenemos la mano tendida al Ministerio, porque solo depende de ellos” y “lamentamos el perjuicio que estos causa a los ciudadanos y a los profesionales del derecho”, ha concluido González, que ha mostrado su deseo de que el Gobierno regional inste al Ejecutivo central a que ponga fin al conflicto.
Ya dentro del hemiciclo, el portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha enmarcado este conflicto en el “grave deterioro de los servicios que dependen del señor Sánchez” y ha incidido en que los letrados de Justicia “solo piden unas condiciones proporcionales a la responsabilidad que asumen y a la carga de trabajo que les impone una Ley en la que se descargó de trabajo a los jueces”.
“Se les ha subido el sueldo, sí, pero igual que a todos los trabajadores del juzgado, tengan o no tengan más funciones y más responsabilidad” y “ante el conflicto que hay el Gobierno de La Rioja tiene que implicarse en buscar una solución”.
En otra pregunta parlamentaria sobre la cuestión, la diputada de Ciudadanos, Pilar Rabasa, ha enmarcado este conflicto en la situación “anacrónica” de la Justicia y ha conminado al consejero que “haga algo para desbloquear este conflicto” y “adecuar las retribuciones de los letrados a sus responsabilidades y funciones”.
Ante estas preguntas el consejero de Justicia, Pablo Rubio, ha incidido en que La Rioja no tiene competencias para resolver este conflicto, ha reconocido que “habrá que poner medios para responder a la situación que se ha generado”.
Ante la falta de competencias de La Rioja, ha acusado al PP de hacer su pregunta “por electoralismo, para apuntarse a cualquier cosa, a cualquier bombardeo para lograr lo que no lograron antes, ya que este conflicto viene de 2009 y no hicieron nada”.
Rubio ha abogado por resolver el conflicto a través de la negociación “para lo que pido a los letrados y al Ministerio que estén a la altura de las circunstancias, esta situación merece que hagan un esfuerzo”, ha concluido el consejero.
