El fiscal pide cuatro de años de prisión para cada uno de los dos acusados de un presunto delito de insolvencia punible con una empresa de instalaciones de fontanería, con la que llegaron a acumular más de tres millones de euros en deudas.
La Audiencia Provincial de Logroño juzgará el próximo lunes a estos dos hombres -uno de ellos, ya con antecedentes por apropiación indebida y falsedad documental- que, según el escrito de acusación, al que ha accedido Efe, se pusieron de acuerdo con el ánimo de obtener un beneficio económico a costa de sus acreedores.
Uno de ellos constituyó una empresa, Logasinver, en Logroño, con la sola finalidad de facilitar la conservación del patrimonio del otro acusado, ya que esa sociedad carecía de actividad real; a través de esa entidad adquirió otra, Logrogas, dedicada a las instalaciones de fontanería, principalmente; en ambas, aunque no figuraba como tal, quien ejercía como administrador era el otro acusado.
El fiscal detalla que Logrogas “cometió numerosas irregularidades en su contabilidad” como que “las cuentas anuales fueron depositadas fuera de plazo, no disponía de inventario, ni de libro de actas, ni libro registro de los socios, ni se conservaron los libros, correspondencia, documentación y justificantes referentes al negocio debidamente ordenados en el plazo legalmente marcado y contabilizó obras en curso una vez habían finalizado”.
Al cierre del ejercicio 2005, la sociedad presentaba unos fondos propios negativos de 99.345,23 euros, y el fondo de maniobra de la compañía en el año 2004 pasó a ser negativo en 444.896,33 euros por lo que ya entonces “resultaba evidente la notoria insolvencia de la mercantil, a pesar de lo cual, la actividad no cesó hasta julio de 2006, sin que se solicitara la declaración de concurso”.
Algo que fue solicitado por uno de los acreedores, al que se adeudaba más de 400.000 euros, detalla el fiscal, que incide en la “escasa colaboración” de los acusados con la Administración concursal, obstaculizando inicialmente el acceso al pabellón donde se encontraba el servidor informático, permitiendo el acceso después, una vez manipulados los datos informáticos, asegura.
El fiscal incide en que los acusados dispusieron de importantes cantidades de dinero de la empresa Logrogas, más de 200.000 euros en total.
La deuda generada por esa empresa asciende, según la acusación, a 3,96 millones de euros, frente a 320 acreedores, entre ellos los trabajadores de la empresa, que llegaron a manifestarse por Logroño exigiendo el pago de sus salarios; además adeudaban más de 317.000 euros a la Seguridad Social y 653.000 a la Agencia Tributaria.
En febrero de 2006 un juzgado de Logroño declaró a la empresa en concurso necesario y en 2010 se calificó ese concurso como culpable y se condenó a los ahora acusados a pagar el total de la deuda más el dinero del que habían dispuestos sin justificación; esa sentencia fue ratificada a final de 2012.
No obstante, ya en 2006, explica el fiscal, los acusados, “previamente concertados, y guiados por idéntico ánimo de conservar el patrimonio inmobiliario, acordaron la transmisión de cuatro inmuebles a una sociedad participada por los padres y el hijo de uno de los acusados.
Estos inmuebles don una finca en Albelda de Iregua, un pabellón en el polígono Las Cañas de Logroño, una parcela en el plan parcial La Portalada II y un local comercial en Haro.
Estos hechos son calificados por el fiscal como un delito de insolvencia punible, por los que pide para los acusados una pena de cuatro años de prisión para cada uno y una multa de 6.500 euros. El fiscal pide que se actualice la relación de acreedores de los acusados, como las cantidades que adeudan; y también solicita al registro información sobre propiedades de los acusados en Haro, Cañas, Albelda de Iregua y Logroño.
