A pesar de que las obras comenzarán en cuestión de unos meses, la asociación Apovifrincon -que rechaza el proyecto para sacar las vías del tren del municipio por la zona norte- sigue dando pasos para que se realice una consulta popular en el municipio sobre la variante ferroviaria de Rincón de Soto. Así, este viernes han hecho entrega al alcalde del municipio de las 1.034 rúbricas recogidas entre los vecinos del pueblo, solicitando que el Consistorio ponga en marcha el protocolo legal necesario para realizar la consulta.
“La Ley cifra en unas 800 firmas las necesarias para poner en marcha una consulta legal y en tan solo veinte días se recogieron 1.034”, explican desde la asociación, asegurando que “una vez logrado y superado el objetivo se dejaron de recoger las firmas de más vecinos, aunque muchos continúan demostrando su interés en participar y apoyar la iniciativa”.
Para el colectivo, esta consulta legal deberá responder a una pregunta cuyo ámbito sea exclusivamente de competencia local, donde los rinconeros solicitarán a su Ayuntamiento que trabaje y haga gestiones para proteger el patrimonio económico, social y medioambiental en toda la extensión del municipio: “No puede haber nada más legítimo que un Consistorio que consulte a sus vecinos. ¿Existe miedo a darle voz al pueblo?”.
Según ellos, se responde “ante una imposición política, que no está respetando la solicitud histórica de los vecinos de Rincón de Soto, los cuales siempre han pedido la ‘opción sur’ como la más idónea”. Lo demuestran con datos, recordando que en los años 2002 y 2003, durante el proceso informativo, se presentaron alegaciones del Ayuntamiento y más de 2.000 firmas de vecinos solicitaron la variante sur. En distintos plenos los partidos políticos también se sumaron entonces a esta propuesta.
Además, en 2019, 1.700 firmas y 26 asociaciones locales y el pleno del Ayuntamiento por unanimidad solicitaron también que la variante fuese por la zona sur del municipio.
Desde la asociación esgrimen que la ‘opción sur’ atiende a la voluntad de los vecinos, consigue sacar las vías del casco urbano (“ya que el norte solo las cambia de un lado a otro”), libera a la zona de la ribera del Ebro, las huertas y la vega del regadío de una obra que firma un atentado contra su supervivencia y minimiza impactos medioambientales, económicos y sociales.
Hace tres años se intentó ya realizar una consulta popular para el mismo motivo en el municipio. Entonces tuvo que paralizarse por un defecto de forma. Desde la Delegación del Gobierno en La Rioja indicaban que «se trataba de una consulta ilegal». Así, las Administraciones locales tienen potestad para plantear consultas populares en asuntos de competencia municipal, nunca de competencia regional ni de competencia estatal como era el caso.
Además, ahora esta solicitud debería ser aprobada en Pleno por mayoría absoluta. Una vez superado ese trámite, el Consistorio tendría que elevarlo al Gobierno regional y este al Gobierno de la nación, que tendría que aprobar la consulta en un Consejo de Ministros.
