La Rioja

Asociación saharaui pide al Supremo que reabra la causa contra Brahim Ghali

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) ha recurrido ante el Tribunal Supremo el cierre de la investigación de una querella contra el líder del Frente Polisario Brahim Ghali por genocidio al rechazar que los hechos que le atribuye estén prescritos.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio carpetazo a esta querella hace un mes al no apreciar “ni siquiera indiciariamente la figura” del delito que se le atribuye y considerar, como también estableció el juez que investigó el procedimiento, que, en todo caso, los hechos denunciados habrían prescrito.

Discrepa, sin embargo, la asociación querellante, que ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de que se vuelva a abrir la causa y se formalice la imputación de Ghali por un “delito de genocidio cometido mediante torturas” en los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia) entre 1975 y 1990.

La querella, interpuesta también por otros delitos como asesinato, lesiones detención ilegal o terrorismo, se remonta al 2008; fue archivada en 2020 y reabierta en mayo del año pasado, cuando la asociación supo de la presencia de Ghali en España.

En su recurso, ASADEH afirma que el hecho de que Ghali fuese ministro de Defensa “le hace responsable de las personas que fueron detenidas ilegalmente y allí ingresadas y torturadas” y que su participación en los escalones superiores del Frente Polisario “le hace responsable por sí mismo de todos los hechos cometidos por la estructura o bajo su ámbito”.

Sostienen que “tuvo capacidad de dirección, decisión y/o organización y participó en los hechos de manera general y persistente en el tiempo”. Tras el archivo de esta querella, sólo queda una activa en la Audiencia Nacional contra el líder del Polisario, la impulsada por el activista de origen saharaui Fadel Mihdi Breica.

Este procedimiento discurre al margen de la investigación abierta por un juzgado de Zaragoza sobre la entrada de Ghali en España para ser tratado de COVID en la que está imputada la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya.

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