La abogacía del Estado ha vuelto a solicitar al juez de Zaragoza que investiga la presunta entrada ilegal en el país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el sobreseimiento de las investigaciones abiertas contra la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y su ex jefe de gabinete, Camilo Villarino, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, la representante de este organismo ha activado (provisto) esta semana el escrito que presentó semanas atrás al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa para argumentar su petición de libre sobreseimiento de la causa en relación a sus clientes.
A partir de la reactivación de este escrito, al que ya tuvo acceso Efe, el instructor se ha dirigido a las distintas acusaciones representadas en la causa, tanto a la Fiscalía como a las populares, para que formulen sus respectivas alegaciones a esta petición, antes de pronunciarse él mismo.
En su escrito, la abogacía del Estado considera, en relación al delito de prevaricación, que las diferencias existentes entre lo argumentado en la querella y los hechos investigados no sólo son “abismales”, sino que entiende que no concurrió ninguna finalidad “ilícita o ilegítima” en la entrada de Ghali a través de la base aérea de Zaragoza para ser atendido de un covid agravado en el Hospital de Logroño.
FOTO: Frente Polisario.
“Más bien al contrario -argumenta la letrada-, la decisión se funda en razones lícitas, razonables y proporcionadas a la situación: se trataba de atender lo antes posible a un paciente en extrema gravedad, con una enfermedad contagiosa, atendiendo a una petición de ayuda humanitaria realizada de Estado a Estado, y tratando de proteger, con la reserva y sigilo, no sólo la intimidad del propio paciente sino también el interés de España en el ámbito de la política exterior”.
La abogacía del Estado descarta la existencia de un delito de encubrimiento en el hecho de que no se realizara un control de pasaportes tras el aterrizaje del avión procedente de Argelia en el que viajaban Ghali, su hijo y un médico personal, y argumenta, además, que no había activo ningún requerimiento judicial contra él.
En relación a la utilización de un pasaporte falsificado a nombre de un supuesto Mohammed Benbatouche, la letrada afirma que sus clientes, González Laya y Villarino, son ajenos a esos hechos.
El letrado malagueño que promovió la querella, Antonio Urdiales, ha anunciado, en declaraciones a Efe, que impugnará estos argumentos ante el instructor, que considera “iguales” a los ya utilizados meses atrás por la abogacía del Estado para instar el sobreseimiento de la causa.
Su petición fue rechazada por el magistrado en un auto dictado el 7 de octubre del año pasado en el que se argumenta que con la petición de sobreseimiento se estaba solicitando entonces un “juicio anticipado” de los hechos.
Este auto refiere la existencia de indicios aún por valorar, como la argumentación en la que insiste la abogada del Estado en relación a una petición “entre estados”, ya que la República Árabe Saharaui Democrática no está reconocida por los países del Tratado de Espacio Schengen.
Aseguraba además el instructor que esta argumentación “ya es suficiente para denegar la pretensión de archivo de la causa, pero no ha de olvidarse que se investiga también si la conducta podría tener la finalidad de evitar problemas judiciales en nuestro país de quien de manera tan peculiar entraba”.
Aún así, añade, queda por determinar la existencia de posibles responsabilidades derivadas de los responsables policiales que “consistieron” el uso de una documentación falsa para el ingreso de Ghali en el centro hospitalario riojano, al margen de los que se beneficiaron.
