El exdirigente etarra Jurden Martitegi se enfrenta este miércoles a un nuevo juicio en la Audiencia Nacional por diversos actos de kale borroka presuntamente cometidos durante las fiestas de Galdácano (Vizcaya) en el año 2000, por los que se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años de cárcel.
Se trata del segundo juicio que afronta en apenas unas semanas. En el anterior, celebrado el pasado 29 de septiembre, Martitegi aceptó ser condenado a 6 años de cárcel por incendiar un concesionario de Citröen, también en 2000, causando daños valorados en casi medio millón de euros.
En esta ocasión será juzgado por la sección primera de lo Penal acusado de participar en diversos actos de violencia callejera por los que ya fueron sentenciados cinco jóvenes en 2008, resultando absueltos otros nueve, entre ellos el preso de ETA Gorka Lupiañez, condenado en 2019 por el secuestro de una familia española en Francia.
La Fiscalía acusa a Martitegi de un delito continuado de daños y otro de desórdenes públicos que elevan a cinco años su petición de pena para él, que ya fue condenado en 2014 a 139 años de prisión por el atentado con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil en Calahorra (La Rioja) en 2008, en el que hubo ocho heridos.
Los hechos por los que se lejuzga ahora ocurrieron la noche del 16 de septiembre del 2000, cuando, según expone el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, un grupo de unas 30 personas, entre las que se sitúa a Martitegi, lanzaron cócteles molotov compuestos por líquidos inflamables y clorato de potasio, y se enfrentaron con los agentes que acudieron al lugar.
Con el rostro oculto y protegidos con guantes de látex, cruzaron contenedores en la vía pública y causaron daños con artefactos incendiarios lanzados contra locales y establecimientos de varias calles de la localidad.
Lo hicieron, siempre de acuerdo a la tesis expuesta por el fiscal en su escrito, “con el objeto de alterar la tranquilidad de los ciudadanos y para apoyar la actividad desarrollada por la organización terrorista ETA”.
Cuando la Audiencia Nacional condenó a otros cinco jóvenes por estos hechos, consideró probado aquel episodio, cuyos ataques, según dijo en su sentencia, afectaron “a diversas entidades bancarias y a viviendas que se encontraban ocupadas por sus moradores, generando daños e incendios alterando el orden publico”.
