La Fiscalía defenderá el próximo jueves en la Audiencia Nacional que no se cumplen los requisitos para entregar a Perú a un vecino de Logroño reclamado por hacer presuntamente de “mula” e introducir en España aves protegidas para traficar con ellas, por lo que sostendrá que “lo procedente” es que sea juzgado aquí.
El reclamado fue detenido hace dos años por unos hechos supuestamente cometidos en Perú en junio de 2016, cuando trataba de transportar, ocultas en el equipaje, una treintena de especies distintas de aves protegidas, como tucanes y otras amenazadas. Las autoridades le arrestaron y le prohibieron salir del país, junto al cabecilla de la red para la que la trabajaba, pero acabó volviendo a España, donde se le detuvo.
La Audiencia Nacional estudiará este jueves en una vista de extradición la petición de las autoridades peruanas, que le reclaman para ser juzgado por un delito agravado de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, penado en el país con hasta siete años de prisión, por unos hechos que en España, según la tesis del ministerio fiscal, se corresponderían a una infracción aduanera.
Para que haya delito de contrabando, expone la Fiscalía en su escrito, el valor de los bienes debe ser igual o superior a 50.000 euros y, aunque no le cabe duda de que alguna de las aves que iba a transportar estaban protegidas, afirma que no se da dicho requisito, “que traza la frontera entre el delito aduanero y la mera infracción administrativa”.
Según explica el ministerio fiscal, de acuerdo a la información remitida por Perú, “el valor comercial de las aves intervenidas” ascendería a 519,79 euros. Además, con carácter subsidiario, invoca el principio de la no entrega de los nacionales. Es decir, sostiene que “lo procedente” sería “rechazar la extradición para que el reclamado pueda ser enjuiciado en España” dado que se trata de una persona con nacionalidad española.
La Fiscalía argumenta también que “el Código Penal no protege las especies silvestres peruanas (…) ni las protege mediante los concretos actos que lesionan aquellas, consistente en su introducción mediante importación ilegal en territorio español”.
Gracias a esa operación de Perú, el Seprona puso en marcha la operación Suzaku, que culminó en noviembre de 2017 con la detención de 29 personas integrantes de una organización criminal, a la que pertenecía presuntamente el reclamado, que se dedicaba a la introducción ilegal en España de aves y huevos, adquiridos en diversos países de África y Latinoamérica.
La operación fue considerada como una de las más importantes coordinadas por Europol y en la que se mantuvo una estrecha colaboración con México, al existir gran cantidad de países de África y Latinoamérica afectados.
