El Pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado en su sesión de este jueves estudiar la incidencia del COVID-19 en las zonas básicas de salud de la comunidad. En este sentido, la Cámara ha dado luz verde (por unanimidad y a instancias de una moción presentada por el Grupo Popular) a impulsar una estrategia autonómica de producción y adquisición de las distintas pruebas diagnósticas, EPI, respiradores y demás productos necesarios para poder adecuadamente afrontar nuevos brotes de esta pandemia u otras futuras pandemias.
A su vez, se ha aprobado la puesta en marcha de una reserva autonómica estratégica para pandemias, así como la creación de protocolos sociosanitarios para el cuidado y la asistencia sanitaria de los centros de mayores.
No ha salido adelante, en cambio, la propuesta de realización de test masivos a todos los riojanos, en especial a los trabajadores de colectivos esenciales, a lo que se han puesto los grupos de PSOE e IU. Tampoco ha prosperado la iniciativa de establecer ayudas necesarias para que se pueda cumplir con la obligación del uso obligatorio de mascarillas.
La Diputada Autonómica del Partido Popular, María Martín, ha defendido esta iniciativa en relación a la “más que mejorable” gestión de la pandemia del COVID-19 en España y en La Rioja. “Por mucho que lo quieran disfrazar, la gestión ha sido muy deficiente”, ha señalado.
“España está a la cabeza del mundo, y La Rioja a la cabeza de España, en incidencia, letalidad, en fallecidos por número de habitantes, en tasa de hospitalizaciones, en ingresos en UCI. Si el triunfo es que La Rioja ha hecho más test en función de su población, lo que hay que plantearse es qué ha fallado, porque no se ha contenido ni el contagio ni la mortalidad, que es la razón de hacer esos test masivos. Se trata de que no mueran los que se contagian”, ha asegurado.
“Los riojanos se merecen un Gobierno que no les mienta y que cambia de criterio siete veces sobre las cifras o protocolos, eso sólo genera desconfianza”, ha señalado Martín.
Respeto a la libertad de elección de centro
Por otro lado, la Cámara regional ha rechazado la otra moción del Grupo Popular en el orden del día para modificar las ratios mínimas aprobadas para la enseñanza concertada, fijando unas nuevas que ofrezcan más margen y revocando la decisión de eliminar unidades en el curso 2020-2021.
El Portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, encargado de defender la iniciativa, ha denunciado el “hachazo” que supone para la concertada esta decisión del Ejecutivo, que no se sostiene “en magnitudes coherentes y comparables”. Así, ha reprochado al consejero de Educación, Luis Cacho, que suba la ratio “para perjudicar a terceros”, a la vez que ha recordado que “la pública y concertada, en términos de ratio media, ya están equiparadas, con la concertada por encima en número de alumnos en Infantil, Primaria o ESO”, por lo que le ha invitado a recapacitar y no huir del consenso.
