El Parlamento Europeo ha fijado en una resolución su posición sobre la propuesta de Pacto Verde europeo presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado diciembre. Los eurodiputados apoyan el proyecto de un plan ambicioso de inversiones sostenibles para cubrir el actual déficit de inversión. También reclamaron un mecanismo de financiación adecuado para garantizar una transición justa.
Los eurodiputados, no obstante, resaltan los retos que conlleva el Pacto Verde, como asegurar una transición justa e inclusiva y objetivos intermedios más elevados.
Acelerar el recorte de los gases de efecto invernadero
El PE quiere que la próxima ley climática incluya objetivos de reducción de las emisiones para 2030 más elevados (recorte del 55 por ciento en relación a 1990, en vez de “al menos el cincuenta por ciento y hacia el 55 por ciento”, como proponía la CE). La UE debe adoptar esos objetivos antes de la conferencia de la ONU sobre el clima de noviembre, agregan los eurodiputados.
Piden, asimismo, un nuevo objetivo intermedio para 2040 para asegurar que se avanza hacia el objetivo de la neutralidad de las emisiones en 2050. Para evitar las fugas de carbono debidas a las diferencias en la ambición climática a escala mundial, el Parlamento propone un mecanismo de ajuste del carbono en frontera que sea compatible con las normas de la OMC.
Los eurodiputados advierten de que utilizarán sus poderes legislativos para modificar cualquier propuesta enmarcada en el Pacto Verde. Los objetivos más elevados en materia de eficiencia energética y energía renovable, incluyendo objetivos nacionales vinculantes para cada país para esta última, y la revisión de otros textos legislativos en el ámbito del clima y la energía son necesarios antes de junio de 2021, añaden.
En España
En 2014, el Consejo Europeo aprobó un objetivo vinculante de reducción interna de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 40 por ciento en el conjunto de la economía para 2030 con respecto a los valores de 1990.
El reglamento estableció para España un objetivo del -26 por ciento en la reducción de emisiones de gases y un máximo de absorciones netas totales resultantes de tierras forestadas, deforestadas, cultivos y pastos gestionados de 29,1 millones de toneladas equivalentes de CO2.
Según los datos de la última Decisión de ejecución de la Comisión Europea de 2018, las emisiones de España de gases de efecto invernadero fueron de 198.472.205 toneladas equivalentes de dióxido de carbono en 2016. En el año 2005 se puso en marcha el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En la actualidad, afecta a casi 1.100 instalaciones y a un 45 por ciento de las emisiones nacionales.
