Con “mucho que ganar y nada que perder” aceptó Ana Santos la defensa de los Servicios Sociales en el primer Gobierno socialista del siglo XXI en La Rioja. Asume que “la mía no es una Consejería estrella en cuanto a medidas”, ya que “lo bueno que hagamos en el plano ético no tiene tanto rédito político como en otras áreas”.
Así, la consejera de Servicios Sociales a la Ciudadanía considera las formas tanto o más importantes que el fondo de los asuntos y, por ello, no le gusta moverse en escenarios en los que se necesita alzar la voz para persuadir al contrario. Por una cuestión generacional y de talante, la comparación es inevitable y algunos la han bautizado ya como la Manuela Carmena del Ejecutivo Andreu. Algo que Ana Santos asume con orgullo.
– ¿Qué tal ha sido la adaptación a su nuevo cargo?
– Vamos conociendo todos los aspectos de esta casa y de los Servicios Sociales en La Rioja. Todo el equipo que compone esta Consejería los conocíamos porque somos del gremio, pero todavía queda trabajo porque es un área muy extensa; aún seguimos en fase de diagnóstico, aunque hayamos empezado a funcionar.
– En esa fase de diagnóstico ha aparecido alguna ‘sorpresa’, tal y como ha denunciado públicamente.
– Varias sorpresas y alguna de gran calibre, como la de la Renta de Ciudadanía. Presupuestariamente se pueden hacer juegos malabares, porque si presupuesto cinco millones de euros por debajo en una partida eso me permite vender cinco millones de cosas que luego no voy a poder ejecutar. Eso es lo que ha sucedido con el anterior Ejecutivo.
– Precisamente, la Renta de Ciudadanía fue una de las grandes apuestas del anterior Gobierno.
– Fue la apuesta y la Ley de la anterior Legislatura. El PSOE la presentó en 2011, en plena crisis económica, pero el PP la rechazó porque no la consideraba necesaria. La pasada Legislatura salió del cajón y nos puso muy contentos que nos copiaran el modelo; no fue la Ley que ningún grupo quería, pero hubo un gran esfuerzo de diálogo y obligaba a hacer una previsión en la tramitación que nunca se hizo.
– Recientemente se han comprometido a reformar el texto.
– Planteamos dos modificaciones: en el Concierto Social, que queremos que sea una figura exclusiva para las entidades sin ánimo de lucro, y la eliminación de la doble penalización para las personas a quienes se les suspende la Renta de Ciudadanía. Vamos a seguir avanzando en el próximo año para revisar la Ley de Renta de Ciudadanía para establecer modificaciones, porque ya hemos detectado que los técnicos y las entidades sociales nos dicen cómo tenemos que hacerla compatible con el empleo para no desincentivarlo, sino todo lo contrario.
– La suya es una Consejería muy amplia, ¿cuál es su escala de prioridades en sus competencias?
– Lo que más me preocupa son los menores, la Renta de Ciudadanía y los mayores. La sociedad está envejeciendo y nos lleva a un escenario diferente que obliga a dar un giro en los servicios sociales. El cambio pasa por habilitar unos servicios sociales más universales y menos residuales. Nuestro empeño es hacer políticas de la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, porque eso hará que la persona mayor se encuentre mejor, pueda permanecer más tiempo en su hogar, participe más en la sociedad y, además, conllevará menos coste económico para la sociedad.
– IU reclamó una mayor apuesta por las personas dependientes al fijar sus líneas rojas para apoyar las Cuentas autonómicas.
– Sucede que en estos momentos tenemos 1.633 plazas públicas residenciales y a 1.068 personas en listas de espera; y disponemos de 535 plazas de día y a 829 personas en listas de espera. Sería muy osado por mi parte anunciar que voy a acabar con estas listas de espera; es imposible. Nuestro esfuerzo va a ir dirigido fundamentalmente a cubrir el ‘agujero’ de la Renta de Ciudadanía, pero tenemos previsto trabajar para que en 2021 haya un acuerdo marco de plazas residenciales para La Rioja Alta y La Rioja Baja.
– Ha señalado a los menores como una de sus grandes preocupaciones.
– Nos hemos encontrado con 502 menores en riesgo de exclusión social y a 192 en situación de desamparo, es decir, que la Consejería es quien actúa como sus padres. Son datos alarmantes que indican que algo estamos haciendo muy mal como sociedad y tampoco encontramos recetas ni soluciones. ¿Cómo podemos paliarlo? Tenemos que ir a políticas preventivas de apoyo a las familias, ya que además del coste social implica un coste económico tremendo. En este momento hay 25 menores en centros terapéuticos fuera de la comunidad y cada una de esas plazas tiene un coste superior a los 5.000 euros mensuales.
– El 85 % de las personas con empleo que atiende Cruz Roja son trabajadores pobres. Eso es terrible.
– La pobreza tiene un nuevo perfil. La precariedad laboral y las condiciones económicas está creando un nuevo modelo de pobreza y el 70 % de los perceptores de la Renta de Ciudadanía no necesitan ningún tipo de programa de inserción social; son víctimas de la crisis que se han visto ‘colgados’. Por eso la Renta está dirigida a soslayar las dificultades económicas que afectan a una familia para mantener a sus hijos de forma transitoria, porque los esfuerzos tienen que ir dirigidos a fomentar el empleo. El informe FOESSA nos dice también que La Rioja es una comunidad muy desigual, con gente que vive muy bien y gente que lo pasa muy mal, y eso nos obliga a tomar medidas para aquellos que se encuentran en la extrema pobreza.
– Hay indicadores que vaticinan una recesión a corto-medio plazo. ¿Qué mecanismos de protección toma su Consejería al respecto?
– Tenemos que revisar nuestros medios, que en nuestro caso es la Renta de Ciudadanía, a la que tenemos que darle un giro. La fotografía del preceptor de la Renta nos muestra a una mujer española que vive en Logroño, tiene entre 31 y 50 años, con una familia monoparental y que se encuentra en condiciones de acceder a un empleo. Sacar esa foto nos permite ver por dónde tienen que ir nuestras políticas. Las familias monoparentales sufren especialmente los momentos de dificultad y una apuesta de esta Consejería es hacer una Ley de Familias, que incluya a todas sus modalidades.
– ¿Esa nueva Ley buscará homogeneizar los derechos de las familias, independientemente de su modelo?
– No, busca que se entienda que la familia es diversa y que todos sus modelos tienen cabida, aunque cada uno obtenga una respuesta diferente a su especificidad. Nunca defenderé que todas las familias tengan los mismos derechos, tiene que existir un criterio de progresividad porque el dinero público tiene que ir destinado a quien más lo necesita.
– La Ley Trans ha vuelto al circuito parlamentario.
– ¿Ves eso? (señala a una estantería de su despacho). Es el Premio Gylda por la Ley Trans, que ha sido una pelea tremenda la pasada Legislatura. Estuvimos dos años defendiéndola y el PP dos años bloqueándola, pero no desde la actividad, porque eso es impopular, sino desde la inacción y el silencio. Bloquearon los tiempos parlamentarios hasta el punto de que le faltaran quince días para que se aprobara, taponando además a la Ley del Menor, que iba justo detrás.
– Desde su óptica, esa forma de actuar, ¿es estrategia política o deslealtad institucional?
– Desde mi punto de vista es poner las ideas y los partidos por encima de los ciudadanos y los derechos humanos y civiles.
– ¿Cuál es la mejor respuesta ante los ‘negacionistas’ de la violencia de género?
– No soy partidaria de silenciarlos y menos en un momento en el que la lucha contra la violencia de género se ve amenazada por determinados grupos de extrema derecha. Soy partidaria de defender esta lucha con uñas y dientes y mostrar a la población las ventajas que tiene una sociedad más tolerante y que defienda los derechos humanos, que de eso se trata la batalla contra la violencia de género.
– Estos mismos políticos denuncian que hay mucha gente viviendo de ‘chiringuitos’ de ‘ideología de género’.
– Es rotundamente falso. Los colectivos LGTBI que yo conozco, y no hay más que esos, no reciben ninguna subvención pública. Es más, no quieren optar a ninguna para ser más libres a la hora de defender sus derechos. Y lo mismo sucede con la violencia de género.
– Hay quien la considera ya la Manuela Carmena del Gobierno de La Rioja.
– (Risas) Pues no sé por qué lo dicen, pero para mí es un halago impresionante y nada me gustaría más. Supongo que lo dicen por la similitud de edad, porque ni Manuela ni yo tenemos ya mucho por lo que luchar para nosotras mismas y tenemos unas entretelas sociales muy sólidas. Ambas tenemos mucho que ganar y nada que perder. Mis compañeros del Parlamento me llaman ‘la yaya’ y yo les digo que soy la yaya de mis nietos; a mí me gustaría que fuera por el estilo de lo que se entiende por honestidad en la política. Me encantaría contribuir a humanizar un poquito la política; no somos superconsejeros, sino personas normales y corrientes.
– ¿Ha perdido la política el norte con tanta precampaña perenne y tantos debates encendidos?
– Creo que sí. Eso y otros muchos factores como la corrupción ha contribuido a que los ciudadanos denosten la política. Como ciudadana les entiendo, la verdad es que sí, pero en política hay gente muy honrada que sacrifica mucho y la política es un buen instrumento para cambiar las cosas en la sociedad.
