El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto que prohibía desde hace más de año y medio el tráfico pesado por los tramos riojanos de la N-232 y la N-124, y obligaba a estos vehículos a circular por la autopista AP-68. La máxima instancia de nuestro ordenamiento jurídico estima así el recurso presentado por la empresa de transporte Grupo Arnedo.
Respetamos, como no puede ser de otro modo, la sentencia de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo y los fundamentos jurídicos que la sustentan. Tanto como el derecho que asiste a la empresa demandante a defender legítimamente sus intereses, que consideraba vulnerados por la resolución del Gobierno de La Rioja.
Somos conscientes de que el cierre de estas vías a los camiones de cuatro ejes no era sino un parche hasta llegar a una solución definitiva: su desdoblamiento o, mejor aún, la liberalización de la AP-68, recurrentemente postergada. Un parche, sí, pero que había logrado reducir en estos diecinueve meses la siniestralidad y la mortalidad en estos tramos ‘malditos’ de la Red Nacional. Las cifras no admiten discusión.
Con esta sentencia del Supremo, las carreteras riojanas regresan a donde estaban en diciembre de 2017: a un ‘punto muerto’ que, mucho nos tememos, tardará bastante tiempo en arrancar. Llegados a esta situación, solo cabe esperar que el futuro Ejecutivo riojano encuentre a la mayor brevedad otra fórmula acorde a la ley que impida a la N-232 y a la N-124 acaparar otra vez, como antaño, las crónicas de sucesos.
