La instrucción del expediente del concejal de Villamediana Juan Pedro Martínez Arnáez (PSOE) ha determinado una multa de 92.999,92 euros para el edil por haber ejecutado unas obras de consolidación y ampliación de su calado tradicional sin la preceptiva licencia. Tras ser eximido de un delito penal por la Justicia, Martínez Arnáez se enfrenta a esta sanción administrativa del Ayuntamiento, calificada como una infracción “muy grave” y cuya cuantía podía oscilar desde los 30.000 hasta los 300.000 euros.
El concejal socialista, apartado el pasado mes de diciembre del equipo de Gobierno por su propia compañera de partido, la alcaldesa Ana Belén Martínez, ha pedido a sus abogados que estudien las acciones judiciales oportunas contra el proceso por el que el Ayuntamiento le pretende sancionar, ya que habría detectado varias irregularidades administrativas: “Que comiencen por las penales contra las autoridades y funcionarios que pudieran resultar indiciariamente responsables”.
La instructora del expediente, ha apuntado Martínez Arnáez, es una “funcionaria interina” que desempeña un “ejercicio de autoridad reservado a un funcionario de carrera”, quien además habría puesto en conocimiento de la Alcaldía, “por iniciativa propia”, que se proceda a realizar una investigación mayor de casos como el del edil cesado hace unas semanas.
Y en su caso, ha añadido, “a la apertura de los correspondientes expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionadores, lo que puede dar lugar a sancionar a los más de doscientos propietarios de calados del municipio”. “Lástima que los funcionarios y autoridades, en su día, no inspeccionaran ni sancionaran las más de setecientas ilegalidades que el expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, denunció en sede parlamentaria”, ha lamentado Juan Pedro Martínez.
Entre el resto de irregularidades denunciadas, el concejal del PSOE también ha indicado que el Consistorio villametrense se ha servido de las inspecciones e informes de un contratista, el arquitecto Esteban Pardo Calderón, “el cual, por imposición del artículo 301 de la Ley de Contratos del Sector Público, tiene expresamente prohibido el desempeño de funciones públicas”.
Por ello, acusa al Ayuntamiento gobernado por Ana Belén Martínez de presupuestar 180.000 euros para procedimientos judiciales en 2017, “adjudicando la representación y defensa en juicio sin procedimiento de ninguna clase a varios profesionales, de igual modo que se ha hecho durante años y, ello, al parecer, sin reparo ni informe de legalidad”.
Y va más allá, acusando al asesor Esteban Pardo Calderón de “realizar inspecciones invistiéndose de autoridad” para sus informes. “Abusando de mi ignorancia, accedió ilegalmente a mi calado al efecto de visitar el mismo y accedió a datos de carácter personal siendo un mero contratista”, ha finalizado el edil, concluyendo que la alcaldesa, “a la vista del informe de la funcionaria interina”, debe abrir esos más de doscientos expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad: “No tiene otra salida por imperativo legal”.
