El Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño investiga si la alcaldesa de Villamediana de Iregua, Ana Belén Martínez, la secretaria municipal, Myriam Torbado, y el arquitecto asesor del Ayuntamiento, Esteban Pardo, son responsables de un total de seis delitos entre los que figuran los de prevaricación, violación de secretos y usurpación de funciones públicas.
Según ha podido corroborar NueveCuatroUno, la Fiscalía de La Rioja ha ordenado diligencias previas a partir de una denuncia presentada por un particular en el mes de mayo, que alude a “diversos hechos todos ellos relativos a pretendidas infracciones penales cometidas por diversas autoridades y funcionarios del municipio de Villamediana de Iregua”.
Este medio ha tenido acceso a la denuncia que ha originado la investigación y, en ella, se describe cómo “desde 2007 un asesor externo (Esteban Pardo) informó preceptivamente e inspeccionó” en materia de urbanismo y cómo “también se le adjudicaron proyectos profesionales ‘a dedo'”.
La acusación contra Esteban Pardo
Sobre él se investiga la posible comisión de tres delitos: el de usurpación de funciones públicas, el de prevaricación de los funcionarios públicos y el de allanamiento de morada o inviolabilidad domiciliaria. El primero de ellos (castigado con penas de entre uno y tres años de cárcel) vendría motivado, tal y como defiende la acusación, “al atribuirse la condición, explícita o tácita, de funcionario y al desempeñar funciones reservadas a funcionario de carrera”.
La prevaricación (penada con entre nueve y quince años de inhabilitación) se produciría “por adjudicársele proyectos de obras ‘a dedo’, incluso por sociedad interpuesta”; mientras que los delitos de allanamiento de morada (de uno a cuatro años de cárcel) o inviolabilidad domiciliaria (de dos a seis años de inhabilitación) se habrían cometido -siempre sobre la base de la denuncia original- “al entrar en propiedad/domicilio ajena en base a una habilitación funcionarial que no tiene y que hace valer”.
La acusación contra Ana Belén Martínez
El autor de la denuncia que ha originado la investigación de la Fiscalía atribuye a la alcaldesa de Villamediana (PSOE) la comisión de dos delitos: el de prevaricación y el de omisión de un delito sobre ordenación del territorio y el urbanismo. Para entender la acusación contra Martínez es necesario precisar que el denunciante presentó en el Ayuntamiento -el 2 de febrero- una Acción Pública Urbanística (APU) que instaba al Consistorio a investigar la expedición de licencias de viviendas y la inspección urbanística a manos de un “falso funcionario”.
Tal que esa APU resultó inadmitida, la denuncia presentada ante la Fiscalía considera que la alcaldesa incurre en el tipo de omisión de un delito sobre ordenación del territorio y del urbanismo, castigado con penas de entre 18 meses y cuatro años de cárcel. Además, defiende que también implica un delito de prevaricación (de nueve a quince años de inhabilitación), ya que “la alcaldesa no tiene potestad para no restaurar la legalidad urbanística infringida, que es para lo que se presenta una APU”.
La acusación contra la secretaria
La última de las acusaciones se dirige contra la secretaria municipal de Villamediana, Myriam Torbado, a quien se investiga por un delito de la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos (castigado con penas de multa de entre seis y dieciocho meses e inhabilitación en el cargo durante un periodo comprendido entre uno y tres años). La denuncia considera que este tipo penal se cometió “al entregar, en su calidad de custodio, un expediente urbanístico al Asesor externo para informarlo o inspeccionar”.
NueveCuatroUno ha contactado con fuentes judiciales de primer orden que aseguran que las diligencias siguen abiertas y que la investigación sigue su curso. Queda por ver, por tanto, el alcance de la misma y si la Justicia considera que procede a la apertura de una vista oral.
Tanto Ana Belén Martínez como Esteban Pardo han declinado realizar declaraciones respecto a esta investigación, ya que aseguran no haber sido notificados todavía por la Administración de Justicia.
