La Rioja

La ‘Operación Zeta’, en la que está citado Erro como testigo, llega a la Audiencia Nacional

El juzgado de instrucción número 6 de A Coruña, que es el que lleva la investigación de la operación Zeta sobre el presunto cobro fraudulento de subvenciones para actividades de formación en varias administraciones públicas (entre ellas el Servicio Riojano de Empleo), ha acordado incoar una pieza separada relativa a la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) y enviarla a la Audiencia Nacional. Se trata de la parte de la investigación que tiene al exconsejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, citado para declarar en calidad de testigo y a un alfareño imputado.

En un auto, la jueza recuerda la “complejidad y duración del procedimiento”, que arrancó en 2011, y por ello ha acordado la incoación de una pieza separada con los elementos vinculados a Caype que será enviada al juzgado central de instrucción, de la Audiencia Nacional, que por turno corresponda.

Erro fue el encargado de autorizar los anticipos de las subvenciones a CAYPE La Rioja como presidente del Servicio Riojano de Empleo, cuya cantidad asciende a 16.334,47 euros por dos expedientes que han presentado varias irregularidades. El auto de la magistrada instructora del caso al que tuvo acceso NueveCuatroUno calificaba a esta compañía como “una sede ficticia de CAYPE, desde su génesis”, cuyos promotores son los principales investigados de la trama.

Un funcionario del Ayuntamiento de Alfaro se encuentra investigado -lo que anteriormente se conocía como imputado- dentro de esta operación, ya que firmó un contrato de arrendamiento de un local en esta localidad riojabajeña con los responsables de CAYPE La Rioja, según reconoció en declaraciones a NueveCuatroUno hace dos meses, por lo que los presuntos cabecillas de la trama podían hacer valer ante cualquier organismo que tenían implantación en La Rioja y cobrar las subvenciones.

Recuerda la jueza en su nuevo auto que Caype se constituyó “como un mero artificio” cuya finalidad era “el acceso a subvenciones” de manera presuntamente ilícita y que estas, en algunos casos, llegaron “incluso a través de la compra de listados de autónomos y constitución de sedes ficticias, en connivencia con el personal de Azetanet” y en “posible connivencia con responsables públicos”.

DEVOLUCIÓN DEL DINERO

El Gobierno de La Rioja señaló el pasado febrero que iba a solicitar a la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) que devuelva los 16.334 euros que recibió como ayudas para cursos de formación en 2009 y 2010, al no cumplir con los requisitos establecidos por el Ejecutivo regional, dado que subcontrató la totalidad de los cursos a impartir.

La ‘Operación Zeta’ investiga el cobro de subvenciones por el que ha imputado a treinta personas, entre ellas cargos públicos, organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales, por los supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.

El hecho de que la investigación en el caso de Caype afecte a un ámbito estatal (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) es uno de los argumentos de la jueza para incoar una pieza separada y su traslado a Madrid.

Así, sostiene que se trata de “un entramado de sedes ficticias que abarca todo el territorio nacional” y que afecta a organismos estatales y autonómicos (la Xunta de Galicia, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco y de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de La Rioja). Además, indica que “la trama delictiva” de Caype tiene “unos contornos lo suficientemente definidos como para integrar una unidad de investigación autónoma”.

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