Un funcionario del Ayuntamiento de Alfaro, M.F.M., ha sido citado a declarar en calidad de imputado -ahora se denomina formalmente investigado- por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, en el marco de la ‘Operación Zeta’ (la trama de cursos falsos de empleo integrada por empresas de formación y asociaciones empresariales que llegó a captar cuatro millones de euros de varias administraciones públicas, entre las que se encuentra el Servicio Riojano de Empleo).
M.F.M. completa la ramificación de la investigación de esta trama en La Rioja, al menos por el momento. NueveCuatroUno ya dio a conocer en exclusiva el pasado martes que el exconsejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, irá a declarar ante la jueza que instruye el caso en calidad de testigo por autorizar los anticipos de dos subvenciones, cuya cantidad asciende a 16.334,47 euros, a la empresa CAYPE La Rioja. Esta es calificada en el auto como “una sede ficticia de CAYPE, desde su génesis”, cuyos promotores son los principales investigados de la trama.
La magistrada ha citado a declarar a este funcionario del Consistorio alfareño ya que en el primero de los expedientes investigados figuraba como sede social de CAYPE La Rioja un bajo en la avenida de la Vía, 7, de esta localidad riojabajeña, pese a que los cursos de formación presenciales se realizaron en la academia Meca Rapid de Logroño.
El imputado ha reconocido en declaraciones a NueveCuatroUno que firmó un contrato de arrendamiento con los responsables de CAYPE La Rioja, pero que ni llegó a recibirlo de vuelta firmado ni a cobrarlo: “Ellos han utilizado nuestra sede para hacer valer ante cualquier organismo que tenían implantación en La Rioja y cobrar las subvenciones, pero nosotros no hemos solicitado ningún curso ni hemos sabido nada”.
“Nosotros no hemos intervenido en nada”, ha explicado M.F.M., para reiterar que no tenía ninguna relación con la actividad de sus arrendados. Según su versión de los hechos, que se remontan al año 2009, no habría solicitado ningún curso ni subvención. Tampoco habría percibido ninguna cantidad económica de CAYPE La Rioja ni habría cedido sus instalaciones ni el profesorado como academia Auditec para impartir las formaciones presenciales.
“Ellos alquilaron nuestra sede para tener una dirección mediante un convenio y luego hacer valer que tienen implantación. Así ya podían solicitar las acciones formativas”, ha añadido. Es este punto donde está la clave de la investigación en La Rioja, ya que la jueza explica en su auto que “el artículo 13.2 de la Orden dispone que serán beneficiarias las asociaciones de trabajadores autónomos con suficiente implantación en el ámbito de la comunidad autónoma de La Rioja, requisito éste que CAYPE La Rioja no acredita ni identifica a sus asociados”.
El Servicio Riojano de Empleo no ha aportado sobre este expediente en concreto ni la propuesta de resolución con el acta del comité de valoración ni la resolución definitiva, mientras que sí se han presentado partes de asistencia correspondientes a un curso no contemplado en las acciones formativas sin constar seguimiento alguno de los alumnos. El auto añade, en cuanto al estudio de las acciones formativas y la documentación presentada, que se advierte una evidente desproporción entre las retribuciones reales de los formadores y el importe por tal importe facturado al ente público.
COMPARECENCIA DE ABEL BAYO
El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de La Rioja del consejero de Empleo, Abel Bayo, para que explique todos los detalles que rodean a esta investigación sobre el Servicio Riojano de Empleo; el exconsejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro; y este funcionario del Ayuntamiento de Alfaro.
