La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el pasado 7 de julio dictó el acuerdo de no incrementar la ayuda a la promoción del vino en terceros países que ya había sido acordada el pasado mes de marzo. La decisión ha salido adelante tras la impugnación del primer acuerdo por parte del Gobierno de La Rioja, que a principios de este año ya votó en contra de la propuesta de modificación de la asignación de fondos de la Intervención Sectorial del Vino (ISV) por la que planteaba subir del 50 al 60 por ciento la financiación pública para estas acciones.
A la postura del Ejecutivo riojano se sumó durante la dicha reunión el apoyo de otras nueve comunidades autónomas: Galicia, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares y Comunidad de Madrid. Frente a ellas, otras siete comunidades autónomas (junto con el voto del Ministerio de Agricultura) defendieron conservar el nivel de apoyo del 60 por ciento.
«El Gobierno de La Rioja no vota en contra de destinar más fondos a promocionar el vino, sino a que esta asignación no se haga en las mismas condiciones que otras medidas. Todas las modificaciones tienen que ir a la misma velocidad, porque lo contrario sería injusto. Lo hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones e incluso hicimos un requerimiento formal al ministro Luis Planas diciéndole que considerábamos que la decisión de aumento no se había tomado por las conferencias sectorial porque no se había procedido a votar, por lo que carecía de seguridad jurídica. Así que finalmente se sometió a votación la pasada semana», explica la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos.
Así mismo, se refiere a esa «indefensión» de las bodegas que no solicitaron el año pasado dichas ayudas a la promoción en las condiciones que entonces se presentaron, pero que igual sí lo hubieran hecho con un 10 por ciento más de fondos: «Supone un cambio de reglas y no todos los operadores jugarían en igualdad de condiciones, con bodegas que podrían verse damnificadas».
El objetivo de La Rioja, así como el del resto de comunidades que se han sumado a esta decisión, es destinar ese sobrante de la promoción de vino (que supera los 9 millones de euros) a otras medidas que carecen de presupuesto suficiente. «En La Rioja tenemos pendientes 5,5 millones de euros de cubrir para reestructuración y reconversión, y otro millón y medio de euros para inversiones en bodega. De cara a la siguiente convocatoria estamos encantados de aumentar a ese 60 por ciento, porque cuanta más promoción se haga mejor, pero en este sentido lo consideramos injusto cuando hay otras medidas pendientes de fondos que pueden dejar sin subvención a cientos de viticultores y de bodegas», añade la consejera.
A partir de ahora, las comunidades están a la espera de que el Ministerio las convoque para definir cómo se procede al reparto de esos más de nueve millones de euros sobrantes de la promoción de vino y que irán a parar a otras medidas.
«Un error estratégico»
La Federación Española del Vino (FEV) manifiesta su profunda preocupación y desacuerdo ante la decisión adoptada: «Esta rectificación constituye un grave error estratégico en un momento especialmente delicado para las bodegas españolas y además va en contra de lo aprobado por el Parlamento Europeo en el ‘Paquete Vino’ y, por tanto, de los deseos de la Comisión Europea y el
Consejo. Mientras los principales indicadores del comercio exterior vienen reflejando dificultades y una evolución negativa en numerosos mercados internacionales, la promoción y la apertura de nuevas oportunidades comerciales deberían ser una prioridad absoluta para todas las administraciones públicas».
El director general de la FEV, José Luis Benítez, recuerda que «la promoción no es un gasto sino una inversión necesaria para generar valor, sostener el empleo, consolidar la actividad económica de las zonas rurales y garantizar la viabilidad de miles de bodegas que dependen de su capacidad para vender sus productos en mercados cada vez más competitivos».
La situación, apunta, genera «incertidumbre y transmite un mensaje contradictorio al sector, que necesita estabilidad y previsibilidad para planificar sus inversiones y estrategias comerciales a medio plazo».
La FEV considera especialmente preocupante que determinadas administraciones autonómicas estén apostando por reorientar recursos hacia medidas como el arranque de viñedo o la reducción del potencial productivo en lugar de reforzar los mecanismos que permiten comercializar el vino ya elaborado. Respetando las competencias y prioridades de cada territorio, la Federación defiende que «el futuro del sector no puede construirse sobre políticas centradas exclusivamente en la reducción de capacidad, sino sobre estrategias que impulsen la creación de valor, la internacionalización, la innovación y el crecimiento de la demanda. El vino español necesita más mercado, no menos viñedo».
