Nuestra compañera Silvia ha entregado las llaves del piso en el que vivía en la calle Somosierra. Lo ha hecho en sus términos, con una alternativa habitacional conseguida a base de lucha, de aguante y de organización colectiva. Se va con la cabeza alta, sabiendo que ha sido ella, que ha sido la organización, y no un sistema que lleva tiempo tratando de destrozarla, quien ha marcado los tiempos.
Silvia llegó al Sindicato de Vivienda de La Rioja como llegan muchas compañeras: sola, agotada y sin que nadie le hubiera explicado que tenía derechos. Llevaba años soportando subidas de alquiler abusivas, presiones constantes, amenazas. Una rentista que trata los pisos como activos de capital y a las personas como un inconveniente para la rentabilidad. Cuando se organizó con nosotras, dio la cara públicamente y se convirtió en símbolo de la lucha vecinal en Somosierra. Su caso cumplía todos los puntos que denunciamos: acoso inmobiliario, vulnerabilidad ignorada, instituciones ausentes.
Después tomó una decisión comprensible: volver al anonimato. Pensó que si dejaba de ser visible, si no hacía ruido, las cosas serían más llevaderas. Pero el sistema no premia el silencio de quienes lo sufren, lo aprovecha. El proceso se judicializó. Los juzgados ignoraron su situación de vulnerabilidad, ignoraron los informes, firmaron órdenes de lanzamiento sin ni siquiera escuchar a quién estaba al otro lado de esa firma. Nadie escuchó a Silvia. Pedía tiempo, pedía una prórroga mínima para encontrar alternativa, y la respuesta fue siempre la misma: no. Así funciona la justicia cuando el capital tiene más derechos que las personas.
Hoy nuestra compañera Silvia vuelve a dar la cara. Y lo explica ella mejor que nadie: el problema no es su visibilidad. No es su voz. No es ella. El problema es un sistema capitalista que protege al rentista y criminaliza a la inquilina. El problema son los juzgados que desestiman de forma sistemática los informes de vulnerabilidad sin dar explicaciones, jueces que firman lanzamientos con menores, con personas enfermas, con familias sin ningún recurso al otro lado, y que se lo ponen en bandeja a los grandes propietarios y a la clase rentista. El problema es que en La Rioja no hay vivienda pública, que el IRVI no cumple su función, que más de 25.000 viviendas permanecen vacías mientras las vecinas de toda la vida son expulsadas de sus propios barrios para que el mercado inmobiliario siga creciendo. Silvia no tiene vergüenza. No tiene miedo. Y no tiene por qué tenerlos.
Lo que hemos conseguido juntas importa. Silvia se mantuvo en su casa el máximo tiempo posible, la acompañamos en cada paso, convertimos su caso individual en una causa colectiva y ganamos el tiempo necesario para que encontrara una salida digna. Ese tiempo no fue un regalo: fue organización, fue presión sindical y vecinal, fue lucha de clase. Porque la lucha funciona.
FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
El caso de Silvia no es excepcional, es la norma bajo un modelo económico que trata la vivienda como mercancía y el desahucio como herramienta de acumulación de capital. En Somosierra, en El Campillo, en toda la ciudad, seguimos documentando desahucios de personas en situación de vulnerabilidad reconocida a las que los juzgados no escuchan, a las que los gobiernos abandonan, a las que los rentistas y los fondos de inversión expulsan con total impunidad. La gentrificación no es un fenómeno espontáneo, es la forma que tiene el capitalismo de decidir quién puede vivir en el centro y quién no, quién tiene derecho al barrio y quién sobra en su ecuación.
Silvia ha entregado las llaves. Y anuncia que se queda en la lucha, por todas las compañeras que siguen en tierra de nadie, por todas las que aún no han llamado a nuestra puerta, por todas las que están soportando en silencio lo que ella soportó.
No es ella quien debe tener vergüenza ni miedo. Son ellos.
Seguimos en la lucha.
