La Rioja aprobó en 2025 una ley que coloca el paisaje en el centro de las decisiones públicas y el Gobierno regional la defiende con firmeza ante las críticas sobre su posible inconstitucionalidad.
La norma busca reconocer jurídicamente el paisaje, protegerlo, gestionarlo y ordenarlo para mejorar su calidad paisajística. Esa intención choca con la realidad de municipios pequeños que pudieran aspirar a atraer actividad económica de alto valor añadido y que no disponen de suelo urbano o industrial listo para acoger nuevas inversiones.
Imaginemos, por ejemplo, que una empresa tecnológica se quiere instalar en Viniegra de Abajo, Lumbreras de Cameros o Cornago y construir una nave con oficinas para investigación y desarrollo en semiconductores. Es un proyecto que podría traer empleo cualificado, nueva población todo el año y dinamismo económico local.
No genera vertidos ni emisiones relevantes y su impacto ambiental directo sería limitado. Sin embargo, la situación del suelo según el municipio puede complicar mucho las cosas. Viniegra de Abajo no dispone prácticamente de planeamiento urbanístico más allá del ámbito urbano, Lumbreras de Cameros cuenta con Plan General Municipal adaptado a la LOTUR (ley de Ordenación del territorio y Urbanismo de La Rioja) y Cornago cuenta igualmente con PGM pero sin adaptar a dicha ley de urbanismo.
En La Rioja existen distintos tipos de planeamiento que influyen en la viabilidad de una obra. Normas subsidiarias, planes generales (PGM) y planes de ordenación urbana (PGOU), definen usos, condiciones y limitaciones diferentes en municipios colindantes.
Cuando un municipio cuenta con un PGOU o un PGM adaptado a la normativa autonómica las reglas son más previsibles. Cuando no hay planeamiento o solo existe una clasificación parcial la tramitación se vuelve más compleja y la decisión depende de diversos criterios más o menos tasados.
En los ejemplos anteriores, además, la Directriz de suelo no urbanizable (que surge a partir de la LOTUR), actúa como condicionante adicional y puede imponer restricciones específicas sobre usos y autorizaciones en las ubicaciones posibles.
Además de esto, la ley del paisaje introduce la figura de los proyectos de elevado impacto paisajístico. Cuando una actuación altera la silueta del territorio o es visible desde miradores, caminos o núcleos poblacionales exige un estudio de integración paisajística y un informe de la consejería competente que en muchos casos es vinculante.
A estas exigencias se añaden las limitaciones propias de los montes de utilidad pública que abarcan el 40% de la superficie total de La Rioja. Estos montes gozan de un régimen jurídico especial y sus restricciones impiden cambios de uso que afecten a la cubierta forestal, la apertura de explanadas o la instalación de infraestructuras.
En la práctica esto significa que muchas parcelas que podrían parecer disponibles, como antiguas plazas de canteras sin uso aparente una vez finalizada la explotación, no lo son realmente para usos empresariales sin un proceso largo y complicado.
La suma de los condicionantes del planeamiento, la directriz de suelo no urbanizable, la figura de elevado impacto paisajístico y las limitaciones de los montes de utilidad pública crea un escenario de alta incertidumbre para cualquier promotor.
Esto no significa que la actividad económica por principio quede vetada fuera del ámbito urbano, se trata de que su implantación será difícil sin aceptar concesiones importantes. La empresa tendría que localizar una parcela con baja visibilidad, diseñar un edificio de mínima huella, elegir materiales y colores que se mimeticen con el entorno y comprometerse con medidas de revegetación.
También sería imprescindible abrir un diálogo desde el primer momento con la administración autonómica y con el ayuntamiento para encajar el proyecto en los objetivos de calidad paisajística. Esas exigencias encarecen la inversión y alargan los plazos, lo que puede resultar decisivo para una pyme o una startup.
La cuestión tiene otro matiz que no conviene ocultar y es que en amplias zonas de la sierra riojana la densidad de población es inferior a un habitante por kilómetro cuadrado. Esa realidad es la vida de pueblos que en verano se llenan de actividad, de segundas residencias y de visitantes pero que en invierno ven cómo se vacían las calles y cierran los servicios.
La animación estival está muy bien y es necesaria, pero si queremos que estos lugares perduren muchos años más con habitantes permanentes, las comarcas deben contar con empresas clásicas que den empleo estable, como explotaciones mineras, industrias madereras, instalaciones ganaderas o plantas de gestión de residuos y también, con la capacidad de atraer empresas de alto valor añadido, de menor impacto ambiental y mayor aceptación social.
La conectividad por carretera mejora cada día y eso debería ser una ventaja para atraer proyectos singulares que aporten empleo y mantengan servicios y, aun así, las limitaciones administrativas pueden convertir esa ventaja en una oportunidad perdida si no se acompaña de medidas prácticas.
Como dato, comentar que según el Joint Research Center, organismo científico de la Comisión Europea, el 11% de las startups de robótica en Europa están implantadas en zonas rurales, lo que demuestra que la alta tecnología no es incompatible con territorios de montaña o baja densidad poblacional.
En ausencia de suelos clasificados como industriales, la administración autonómica puede crear líneas de apoyo para costear estudios de integración paisajística y acelerar de forma efectiva los trámites cuando el proyecto cumple requisitos ambientales y sociales.
Proteger nuestro paisaje responde a la identidad y al atractivo de La Rioja y al mismo tiempo muchos municipios en riesgo de despoblación necesitan actividad económica para fijar población y generar empleo.
La Ley del Paisaje nace de una demanda social y de la necesidad de conservar lo que hace único al territorio y su éxito dependerá de la capacidad de encontrar fórmulas realistas para que la protección y el desarrollo no sean objetivos enfrentados sino complementarios.
Si se trabaja con sentido común y con voluntad de colaboración, paisaje y futuro económico de nuestros pequeños municipios podrán convivir. Si no se buscan verdaderas soluciones prácticas la protección del paisaje podría terminar siendo, paradójicamente, un obstáculo para la revitalización rural que tanto se anhela.
