El salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño parecía este miércoles el escenario de una película menor de sobremesa. No una serie de esas de intriga política como El Ala Oeste de la Casa Blanca, House of Cards o Borgen sino más bien una escena doméstica, casi costumbrista: concejales hablando con solemnidad de un problema que, en realidad, no está allí y a (casi) ningún logroñés le preocupa.
La cuestión era el burka y el niqab. O, mejor dicho, la prohibición de entrar con el rostro cubierto en edificios municipales. Una moción aprobada con los votos del PP y Vox que insta al Gobierno de España a que especifique esa prohibición en la Ley de Régimen Local. Una petición que, dicho con cariño institucional, tiene aproximadamente la misma fuerza jurídica que si uno escribe una carta a La Moncloa a la atención de Perro Sanxe y la deja en el buzón.
Pero los plenos tienen algo hipnótico. A los políticos les encanta escucharse, defender sus ideas, mirar al frente con gesto grave y pronunciar frases con aire de discurso histórico. Si el debate sube de tono, incluso bajan con fuerza el micro para que se note el enfado, al estilo de Figaredo —ese diputado de Vox con gafas y patillas que siempre parece discutir con el mundo—. Y, sobre todo, a los políticos les gusta sacarse fotos y grabarlo todo para subirlo después a las redes sociales, donde ese vídeo obtendrá siete «me gusta», dos comentarios de un primo y la interacción de un perfil con bandera en el nombre. Por suerte, esto no es Madrid.
En mitad de ese pequeño teatro municipal apareció, sin embargo, algo inesperado: la realidad. Entró por la puerta con nombre propio: Blanca Cortés. Esta vecina del barrio de San José tomó la palabra en el turno de participación ciudadana y recordó algo elemental: que Logroño no es un plató político sino una ciudad donde la gente vive, trabaja y paga impuestos. No habló como símbolo ni como activista. Habló como vecina y dijo algo que debería haberse quedado flotando en el salón de plenos como una de esas frases que obligan a hacer silencio: «Proteger no es prohibir, ayudar no es sancionar y cuidar no es apartar».
A veces ocurre. La política discute durante 45 minutos sobre una abstracción y aparece un ciudadano que devuelve el debate a la tierra firme. Porque la pregunta incómoda es otra: ¿qué sentido tiene que el Ayuntamiento de Logroño debata durante tres cuartos de hora sobre una norma que no puede aprobar? El asunto compete al Gobierno de España. Punto. El pleno puede pedirlo, sugerirlo, recomendarlo, rogarlo o incluso escribirlo en papel verjurado con tinta azul y lacre institucional, pero su efecto práctico seguirá siendo parecido al de lanzar una botella al Ebro esperando que llegue hasta Moncloa. Y sin embargo, ocurre. Y por desgracia, ocurre mucho. Es la forma más sencilla que han encontrado de justificar el sueldo.
Los parlamentos modernos han descubierto que el debate simbólico es barato. No cuesta dinero ni gestión y produce titulares. Así que se habla, se habla y se vuelve a hablar. Se repite. Se repite. Se repite. Se repiten. Y esto no es un vicio exclusivo del Ayuntamiento de Logroño. También sucede en el Parlamento de La Rioja (y en la mayoría de ayuntamientos, parlamentos y cámaras), donde algunas sesiones se estiran como los partidos de fútbol de los noventa con prórroga y penaltis incluidos. Nueve horas de debate donde, entre iniciativas útiles, también aparecen brindis al sol, discursos ideológicos y propuestas que en realidad pertenecen a otro planeta institucional.
Uno recuerda inevitablemente aquel pleno de 2016 en el que la Cámara regional pidió a la Real Academia Española (RAE) eliminar la quinta acepción de la palabra «gitano» del diccionario. Imagine, querido lector, la escena: 33 diputados riojanos debatiendo sobre el diccionario mientras, en Madrid, algún académico ajustaba sus gafas sin tener ni idea de que desde Logroño se estaba intentando reformar la lengua española. Como si no tuvieran bastante con las críticas de Pérez Reverte.
No me diga que no es una imagen maravillosa. El Parlamento riojano intentando cambiar el castellano a golpe de proposición no de ley como si la lengua fuera una ordenanza y la RAE un departamento del Gobierno regional. Aquella mañana alguien dijo una frase que debería estar grabada en la puerta de todas las cámaras parlamentarias del país: «Cuando estás en esta tribuna, a veces sientes que no te escucha nadie». Y probablemente tenía razón. A veces los políticos hablan entre ellos y sólo para ellos sobre cosas que están fuera de su alcance. Como si la política fuera un concurso de oratoria y no una herramienta para resolver problemas.
Mientras tanto, fuera de esos edificios de madera noble pasan otras cosas. La gente busca piso sin encontrarlo, espera meses para una consulta médica, calcula si puede pagar el alquiler el mes que viene, mira el precio de la gasolina o intenta simplemente llegar a fin de mes sin hacer demasiadas cuentas. En definitiva, lo que pasa es la vida. Quizá por eso la intervención de Blanca Cortés resultó tan incómoda y nos recordó algo que a menudo se olvida en los salones de plenos: que las instituciones existen para gestionar la realidad, no para representarla como si fuera una obra de teatro.
La política debería parecerse menos a un debate televisivo y más a una conversación útil con menos discursos y más soluciones. Y, sobre todo, con más decisiones reales aunque esto genere menos vídeos para redes. Porque, por el momento, la sensación general es que, mientras los políticos hablan en el pleno y los ciudadanos (no) escuchan desde la calle, hay una pared invisible. Una pared contra la que a veces chocan las palabras y, lo peor de todo, también el tiempo, ese bien tan escaso que en los plenos parecen tener de sobra.
