Esta pregunta ya resuena en demasiados servicios, en demasiados despachos y en demasiados corrillos de café: ¿qué está haciendo -o dejando de hacer- nuestro Gobierno para controlar a empresas públicas como La Rioja Cuida?
La decisión de convertir en público un servicio esencial suponía una oportunidad para mejorar la calidad asistencial, profesionalizar la gestión y garantizar condiciones laborales dignas. Sin embargo, su aplicación ha derivado en un modelo de difícil encaje operativo, jerárquico y económico entre los trabajadores de esta empresa y el resto de empleados públicos.
Los trabajadores de La Rioja Cuida se rigen por un convenio propio, con salarios y complementos que, vistos desde fuera, recuerdan más a una carta a los Reyes Magos que a una política retributiva coherente con el conjunto de la administración. Resulta difícil comprender que perciban retribuciones superiores a las de profesionales sanitarios o a las de personal público con mayores niveles de responsabilidad, que además han accedido a sus puestos tras superar oposiciones exigentes. Mientras unos debemos acreditar formación, méritos y evaluación continua para progresar en nuestra carrera profesional, en La Rioja Cuida basta con «ser y estar».
A ello se suma una gestión poco respetuosa con el contribuyente: asignación de más personal del necesario por turno sin atender al impacto económico; cambios de horarios que facilitan el cobro de dietas y otras decisiones alejadas de cualquier criterio de eficiencia y responsabilidad pública.
Cuando el sector público establece reglas distintas para trabajos de naturaleza similar, no solo genera malestar interno sino que erosiona los principios fundamentales de la Administración: la igualdad, el mérito y la capacidad.
*Puedes enviar tu ‘Carta al director’ a través del correo electrónico o al WhatsApp 602262881.
