La Rioja vive gracias a la sierra, pero no paga por ello. Los Presupuestos de 2026 vuelven a concentrar la inversión pública en el valle del Ebro, olvidando por enésima vez las vastas áreas de montaña. Logroño, Calahorra y el eje del Ebro acaparan los grandes proyectos, como el nuevo Centro Integrado de FP de Calahorra con más de 40 millones de euros, mientras la sierra queda relegada a partidas menores.
Sin embargo, son los municipios de montaña los que más aportan al equilibrio ecológico de la región y, al mismo tiempo, los que más restricciones soportan para desarrollarse. La balanza está claramente desequilibrada. Si no se corrige, la despoblación seguirá avanzando hasta convertir amplias zonas de la sierra en un territorio vacío para conciertos de verano, fiestas patronales y fines de semana.
En octubre de 2023 publiqué en este mismo medio una reflexión sobre el Pago por Servicios Ambientales (PSA) como herramienta para garantizar la supervivencia de los municipios serranos y atraer población estable.
Conviene recordar que un PSA no es una subvención, sino un pago continuado por los beneficios ambientales que un territorio genera y que disfrutan otros como son el agua, la captura de carbono, el paisaje o la reducción de riesgos. Dos años después, la situación no ha mejorado. La presión normativa ha aumentado, con la nueva Ley del Paisaje como ejemplo, la población ha seguido cayendo y más del 70% de los municipios riojanos han perdido habitantes.
Las Siete Villas del Alto Najerilla, con Parque Natural o sin él, han perdido cerca de doscientos vecinos en dos décadas, según el INE. En municipios que apenas superan los 30 habitantes, esto supone la desaparición de la mitad de su población. La comarca mantiene una densidad de apenas 4,5 habitantes por km² y en algunas localidades la cifra cae por debajo de 1.
La realidad es que los municipios de montaña están sometidos a una superposición de normas de protección que, en la práctica, constriñen cualquier posibilidad de desarrollo. Limitaciones forestales y cinegéticas, restricciones urbanísticas, evaluaciones ambientales llenas de condicionantes, la nueva Ley del Paisaje y las figuras europeas y autonómicas de protección, entre otras.
Actuaciones tan básicas como mejorar un camino, construir una vivienda de autopromoción para comenzar un proyecto de vida en el medio rural, instalar una nave ganadera o desarrollar un proyecto minero incluso de investigación de recursos, quedan bloqueados durante meses o años por informes sectoriales contradictorios. Y todo ello mientras la Comunidad Autónoma gestiona los montes municipales, cedidos por los ayuntamientos, sin que esa cesión se traduzca en una compensación real.
En las elecciones municipales de 2023, la formación que ganó en Anguiano fue una de las pocas que incorporó en su programa la necesidad de implantar un sistema de PSA. No era una propuesta ideológica, sino una lectura pragmática de la situación.
Si un municipio serrano no puede crecer industrialmente, ni ampliar suelo urbano, ni atraer empresas por las restricciones ambientales, entonces debe ser compensado por los servicios ecosistémicos que presta. Hoy un municipio de montaña no recibe ninguna compensación estructural por estas limitaciones.
Los ayuntamientos ingresan pequeñas cantidades por caza, pesca o aprovechamientos forestales, normalmente unos pocos miles de euros al año y, en el mejor de los casos, acceden a ayudas de la PAC aplicables solo a superficies concretas. La única indemnización por limitaciones naturales, la compensatoria de zonas de montaña, va dirigida exclusivamente a agricultores y ganaderos y no a los municipios.
Con este panorama, la pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿cuánto vale lo que la sierra aporta?
Aunque no existe un marco estatal específico sobre PSA, la experiencia de otras comunidades demuestra que no son una quimera. Castilla-La Mancha o Aragón han impulsado incentivos forestales que reconocen la captura de carbono y la gestión activa del monte. Pero es Francia quien ofrece una referencia especialmente útil para La Rioja.
En varios parques naturales franceses, en los Vosgos, el Jura, el Macizo Central o los Pirineos, llevan más de una década aplicando mecanismos de PSA en zonas forestales, hidrológicas y de montaña. Salvando las particularidades locales, los rangos habituales permiten hacer estimaciones razonables para un municipio riojano medio, como los integrados en el Parque Natural del Alto Najerilla o en el de Cebollera.
Los valores franceses se mueven entre 40-120 euros/hectárea/año por servicios forestales básicos, 150-300 euros/hectárea/año en cabeceras de cuenca o zonas de alta protección y 10-25 euros/tonelada de CO₂ en proyectos de carbono certificados.
Si aplicamos estos rangos a un municipio tipo de la sierra riojana con 4.000 hectáreas de masa forestal pública, las cifras son claras. Incluso asumiendo que el PSA forestal básico y el hidrológico revertirían solo parcialmente al municipio, al estar la gestión en manos de la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica, los créditos de carbono podrían suponer unos 60.000 euros al año.
Para municipios cuyo presupuesto ronda el medio millón de euros, esta cantidad no es un complemento sino que es un cambio de paradigma en la visión de su propio territorio.
En un momento en el que la declaración del Parque Natural del Alto Najerilla sigue vigente, pero el PORN debe rehacerse y el PRUG aún no está aprobado, es una oportunidad para hablar con los municipios, revisar el contrato social y valorar la incorporación del PSA. Y lo mismo cabe decir para el resto de municipios riojanos de montaña, integrados o no en figuras de protección, incluida la Reserva de la Biosfera.
Los municipios de montaña mantienen los bosques que absorben CO₂, los paisajes que sostienen el turismo, las cabeceras de cuenca que garantizan el agua del valle, la biodiversidad que da prestigio ambiental a la región y la prevención de incendios mediante gestión del territorio. Mientras tanto, se les impide con instrumentos urbanísticos y ambientales, desarrollar industria, ampliar suelo urbano o atraer actividad económica empresarial.
Si la normativa no se flexibiliza, y todo indica que no lo hará, la única vía justa es compensar económicamente a quienes sostienen el territorio. El PSA es el reconocimiento económico de un servicio real que los municipios prestan al conjunto de la sociedad.
La Rioja debe decidir si quiere pueblos vivos o museos rurales. Proteger el territorio tiene un coste y ese coste no puede recaer exclusivamente en pueblos que ya están al límite demográfico y financiero. Avanzar hacia un sistema de compensación justo, estable y transparente es la alternativa necesaria. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los pueblos de montaña pierden población, servicios y oportunidades. O les compensamos o perderemos los pueblos que sostienen todo lo que decimos desde las ciudades querer proteger.
