Hace casi dos meses, el vicedecano del Colegio, Alberto Marín, gran colaborador de YMCA, me remitió el 15º Informe AROPE (Año 2025) sobre el estado de la pobreza por territorios en España. Desde entonces, mentiría si dijera que no he estado dándole vueltas a este asunto e intentando reflexionar sobre él. Sin embargo, no acertaba a encontrar las palabras precisas para describir los sentimientos que surgían en mí.
En 2024, la tasa AROPE, acrónimo de At Risk Of Poverty and/or Exclusion, en Español Riesgo de Pobreza o Exclusión Social, se situó a nivel estatal en el 25,8 por ciento, lo que equivale a 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social. En el caso de La Rioja, este porcentaje es del 22,6 por ciento, lo que supone unos 74.000 riojanos en situación de pobreza. La cifra es, por sí misma, alarmante. Pero aún hay más. Si tenemos en cuenta a las personas que no están incluidas en este porcentaje gracias a las prestaciones públicas, la tasa de riesgo de pobreza se elevaría hasta el 42,6 por ciento a nivel estatal y hasta el 42,4 por ciento en La Rioja. Son cifras que, por sí solas, justifican un debate sereno y profundo.
Es decir, si obviamos las transferencias realizadas por las administraciones públicas —ayudas, subsidios, rentas y pensiones—, el porcentaje de riesgo de pobreza en nuestra comunidad se dispararía al 42,4 por ciento. Y desde luego, no seré yo quien diga —entre otras cosas porque sería injusto, absurdo y carente de todo sentido— que los pensionistas no deban cobrar sus merecidas y trabajadas pensiones. Pero el dato está ahí y debe invitarnos a reflexionar. Nuestra sociedad riojana se sigue empobreciendo y el sistema cada vez corre más peligro de viabilidad. Los datos son alarmantes.
Podríamos pensar que la solución es sencilla: aumentar los ingresos públicos y ser más redistributivos. A priori, parece una solución más que razonable a la luz de los anteriores porcentajes: quienes generan más ingresos deben ser un poco más generosos con quienes no pueden generarlos. Y, en esto, el sistema funciona y es relativamente sencillo de implementar: se suben los impuestos y la maquinaria de recaudación, que está perfectamente engrasada, detrae las rentas de los contribuyentes para después redistribuirlas hacia quienes más las precisan.
¿El problema? Andamos ya por tipos marginales cercanos al 50 por ciento en el IRPF. La cosa no parece dar mucho más de sí.
Quizá —y digo solo quizá— haya que pensar en otras medidas mucho más largoplacistas, generadoras de riqueza para todos, aunque bastante más difíciles de implementar. Debemos ser mucho más valientes y forzar un cambio de paradigma en la forma que tenemos de ver la vida. Hemos alcanzado un extraordinario nivel de bienestar con nuestro Estado del Bienestar, y es responsabilidad de todos —del primero al último, desde quienes generan más rentas hasta los más humildes— conservar este sistema, mimarlo, cuidarlo y procurar su viabilidad, evitando su agotamiento.
Particularmente, este artículo me ha costado mucho centrarlo, porque estos datos generan en mí un profundo sentimiento de fracaso. Creo que no solo invitan a la reflexión, sino también al análisis: a pararnos a pensar cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es nuestro futuro. Y, para una sociedad tan espectacular como la riojana, estos datos en absoluto pueden ser motivo de orgullo.
El Estado del Bienestar se asienta sobre el trabajo de todos, arrimando el hombro y empujando en la misma dirección para hacer una sociedad de la que podamos seguir sintiéndonos orgullosos. Y se pueden hacer muchísimas cosas: mejorar la acogida de las personas migrantes, su formación y su integración en el mercado mercado laboral y en nuestra sociedad; aumentar las políticas de formación y recualificación para acompañar a quienes tienen menos opciones de empleabilidad, analizando caso por caso las causas de su salida del mercado laboral; llamar a la responsabilidad, formando a nuestros trabajadores en aquellas áreas económicas de futuro y dándoles herramientas para que puedan aspirar a nuevas oportunidades de empleo; motivar y generar incentivos al emprendimiento; y reconocer la figura de quienes ponen su patrimonio, día a día, al servicio de los demás, generando riqueza y empleo.
La UE y en particular España, debemos implementar urgentemente políticas que aumenten nuestra alarmantemente baja productividad eliminando trabas administrativas y potenciando la competitividad de nuestros sectores productivos y sociales.
Pero, sobre todo —insisto—, se trata de ser menos individualistas, creer más en la sociedad y ser conscientes de que el esfuerzo individual por abrirse camino merece la pena y constituye una auténtica responsabilidad con todo el sistema. En beneficio de uno mismo y de todos.
