El aluvión de solicitudes para acogerse a la ayuda a la cosecha en verde no ha sorprendido entre las organizaciones agrarias profesionales de La Rioja. Un escenario muy distinto al que se vivió la campaña anterior, cuando la incertidumbre imperó entre el sector productor con más dudas que certezas sobre las condiciones y beneficios de tirar sus uvas al suelo. Entonces fueron 319 beneficiarios de esta ayuda y 985 hectáreas (en torno al 2 por ciento del viñedo riojano) repartidas en 841 parcelas, aunque se pidieron unas 1.200 parcelas. La cuantía de la ayuda en 2023 no alcanzó los 4 millones, mientras que para el presente ejercicio el Gobierno de La Rioja espera percibir unos 8,7 millones de euros (el 40 por ciento del presupuesto nacional) para hacer frente a ese desajuste entre la oferta y la demanda.
Así que, ante un presupuesto mayor, las sensaciones también son más positivas. Ello, sumado a la inestabilidad que se extiende en los mercados, están provocando que las solicitudes estén aumentando notablemente respecto al año pasado en busca de una mayor seguridad económica, superándose ya los dos millares de peticiones realizadas en el conjunto de la comunidad autónoma.
Desde que se abrió el plazo de solicitud el 22 de marzo, las diferentes oficinas de ASAJA acumulan ya unas 600 peticiones entre las ya gestionadas y las que se están gestionando. “La actividad está siendo muy intensa desde el primer día. El viticultor está mostrando mucho interés, pero insistimos en que lo importante antes de decidir si solicitar la ayuda o no es hacer los cálculos sobre lo que se puede obtener”, remarca Igor Fonseca, secretario general de la organización.
“Hay que tener en cuenta la superficie vitícola financiable que será objeto de la ayuda y, en base a las hectáreas (y no a los kilos de uva), calcular la cuantía de la subvención. En este caso las condiciones son mejores que las del año pasado porque, entre otras simplificaciones, no hay que demostrar la distribución del gasto que implica la retirada de los racimos”, apunta Fonseca.
Pese al anuncio del Gobierno regional sobre los 58 céntimos por kilo de uva que podrían obtener los viticultores como máximo, las cuentas reales salen mejor. Y es que los cálculos del Ejecutivo están hechos con los rendimientos máximos, al cien por cien, es decir, con 6.500 kilos por hectárea. Sin embargo, en las últimas campañas se han sucedido las reducciones de rendimientos en campo, fijándose el año pasado en el 90 por ciento, que suponen 5.850 kilos por hectárea. Una cifra que se repetirá, previsiblemente, esta próxima campaña.
Así, la compensación media para el viticultor podrá alcanzar los 65 céntimos por kilo de uva, una cuantía que se extrae de dividir los 3.854 euros por hectárea de uvas tintas establecido como máximo por el Gobierno de Capellán entre los 5.850 kilos por hectárea.
David es uno de los responsables de los Servicios Técnicos de la UAGR y explica los motivos que han llevado a ese “aumento exponencial” de las solicitudes recibidas estas dos últimas semanas y cuyo plazo concluye el próximo 22 de abril: “Hay viticultores que todavía no han cobrado ni un euro de la campaña pasada y otros que no saben a dónde van a llevar las uvas de este año, mientras que con la vendimia en verde pueden cobrar en el mismo año y eso se agradece dado el contexto de preocupación que hay”.
Pero no todo son buenas noticias, y es que entre los requisitos de prioridad para optar a esta ayuda hay uno en el que la UAGR discrepa y son esos cinco puntos extra que se otorgarán a las solicitudes de menos de 4,5 hectáreas que, según señalaba el Gobierno regional, es la superficie media que tienen las explotaciones de viñedo de La Rioja. “Los agricultores profesionales, los que viven del campo, tiene normalmente una superficie de viñedo que ronda entre las 10 y 20 hectáreas, por lo que con esta condición están perjudicándoles y beneficiando, en cambio, a personas cuyos ingresos en muchos casos proceden mayormente de una actividad económica ajena a la agricultura”, añade David.
De igual modo, UPA La Rioja rechaza este requisito que “se ha definido unilateralmente sin que la Consejería tenga en cuenta la opinión del sector”. Su secretario general, Néstor Alcolea, incide en que el malestar del sector abarca a más viticultores de los esperados: “Hay muchos viticultores colgados porque no tienen bodega que les compre la uva. Y no me refiero solo a grandes bodegas de las que ya se ha hablado, sino que también las hay pequeñas que están diciendo a sus proveedores habituales que este año no les van a coger la cosecha. Así que estos agricultores no tienen más remedio que acogerse a la cosecha en verde”.
