Las riojanas siguen sin poder interrumpir su embarazo de forma voluntaria en centros de la sanidad pública de la región si lo que precisan es una intervención quirúrgica. Lo tienen que seguir haciendo en la privada y fuera de la comunidad. Lo que sí ha cambiado en La Rioja es que desde febrero del año pasado los ginecólogos han empezado a prescribir los medicamentos que permiten interrumpir el embarazo farmacológicamente. Una situación que ha propiciado que puedan reducirse las derivaciones en un 75 por ciento, con lo que se ha pasado de las 358 derivaciones en 2022 a las 88 que se realizaron el pasado año.
No sucede lo mismo con las intervenciones quirúrgicas voluntarias. A pesar de que en la región se realizan de dos a tres abortos mensuales por malformaciones en el feto o riesgo de la madre, si las mujeres se acogen al artículo 14 de la ley (que plantea la voluntariedad por parte de la misma hasta la semana 14 de gestación) no pueden hacerlo en el servicio público.
A pesar de que el compromiso del anterior gobierno era que en 2023 pudiesen hacerlo en la sanidad pública riojana, la realidad es que, un año después, cualquier mujer que precisa de esa intervención tiene que seguir desplazándose a clínicas privadas de comunidades cercanas, aunque sea el Gobierno regional quien se haga cargo de los gastos que ello supone.
Es verdad que en los hospitales riojanos de la comunidad sí puede interrumpirse el embarazo cuando se justifican causas médicas, pero no si es la mujer la que quiere terminar con su embarazo tal y como permite la ley de plazos aprobada en 2010 y que ha sido modificada recientemente para que se priorice en esos casos la sanidad privada y se eviten, especialmente, las derivaciones a otras comunidades.
El Gobierno de la comunidad sigue dando la posibilidad de derivar a las mujeres que lo deciden principalmente a dos clínicas privadas: la Ansoáin en Pamplona y la Actur en Zaragoza. Esto debería haber cambiado en 2023, según el compromiso tanto del Gobierno como de Izquierda Unida en La Rioja, pero nunca llegó a formalizarse.
En 2022 la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo fue de 6,71 por cada mil mujeres en edad fértil, un dato que incluye a las mujeres que ni siquiera pasan por la sanidad riojana y van directamente a las clínicas privadas para interrumpir su embarazo.
En La Rioja sólo tres de los 26 facultativos practican abortos farmacológicos a pesar de que son más de 160.000 las mujeres que viven en La Rioja. Aún así, algo más de un 24 por ciento de los abortos practicados terminaron el pasado año en derivación, lejos de los datos de años anteriores cuando más del 90 por ciento tenían que trasladarse a clínicas privadas. En 2022, de los 455 abortos que se practicaron a riojanas, 367 fueron a través de la farmacología y 88 requirieron de intervención.
