La Rioja

CCOO pide rescindir el contrato de gestión del Centro de Acogida de Animales de Logroño

CCOO La Rioja pide al Ayuntamiento de Logroño la rescisión del contrato a la empresa Athisa, concesionaria de la gestión del Centro de Animales de la ciudad y, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, le incoe expediente sancionador por presunto incumplimiento de la legislación laboral y mantenimiento del bienestar de los animales del centro.

El sindicato ha informado que el pasado día 26 la veterinaria del centro fue despedida después de que ella y sus compañeros instasen a la empresa a negociar el respeto al descanso entre jornadas, entre otros derechos laborales.

El despido, según CCOO, se ha producido sin la sustitución de otro facultativo veterinario, de forma que los animales en acogida recién operados y pendientes de curas, con distintas patologías o con necesidad de medicación diaria, permanecen desde entonces desatendidos.

Ha subrayado también que, al no haber dispuesto la empresa de veterinario, tampoco durante un periodo de 7 meses en el año 2023, no se ha podido esterilizar a los animales ni tramitar la documentación necesaria para sus adopciones, prolongando así innecesariamente su estancia en el centro.

Para CCOO, “la nefasta gestión” de esta empresa “no solo ha vulnerado los derechos laborales de la plantilla, sino que ha puesto en riesgo la salud de los animales en acogimiento y comprometiendo su proceso de gestión”.

CCOO ha recordado que la gestión del Centro de Acogida de Animales se realiza, de forma indirecta, ya que en 2011 el Ayuntamiento de Logroño adjudicó el servicio a la empresa Talher por un período de 15 años prorrogable anualmente durante 5 ejercicios más. No obstante, según CCOO, Talher cedió su contrato de gestión a la mercantil Athisa en marzo de 2018.

CCOO ha exigido al Ayuntamiento de Logroño, como responsable del Centro y seguimiento del contrato para su gestión, la incoación de expediente disciplinario a la empresa concesionaria, la rescisión del actual contrato y la licitación del servicio, mediante un nuevo pliego de condiciones, en el que “garantice el cumplimiento de la legalidad laboral y asegure la debida calidad del servicio público”.

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