Rebeca Palacios.- “El precio de la vivienda no va a bajar en los próximos años”, como ocurrió tras la crisis financiera de 2008, porque solo en año y medio los costes se han disparado el 28 por ciento, ha dicho a EFE el presidente de la Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), Carlos del Rey.
Ha explicado que el sector inmobiliario ha recuperado la actividad, aunque afronta problemas como la falta de mano de obra cualificada y el exceso de burocracia “estéril”, que aumenta los costes y hace “perder mucho tiempo” a los promotores.
Del Rey, quien también es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha subrayado que los constructores no inician una nueva promoción de viviendas hasta que no tienen un mínimo del 75 por ciento de los pisos vendidos.
Carlos del Rey, presidente de CPAR. FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
“Los pisos no van a bajar”, ha insistido, porque cada día sube el coste del suelo, los materiales de construcción, hay más requisitos técnicos y obligaciones más exigentes, y al final, todo repercute en el precio final.
Las viviendas que se construyen actualmente “no tienen nada que ver” con las que se edificaban hace 15 años, ya que hay que aplicar criterios de eficiencia energética y los precios de todas las materias primas se han disparado.
El 26 por ciento del coste, para la Administración
“El 26 por ciento del coste final de una vivienda de nueva construcción se lo llevan las tres administraciones, entre impuestos y cesiones de suelo. Si un piso cuesta 200.000 euros, más 50.000 son para la Administración”, ha lamentado. El sector de la construcción representa el 11 por ciento del PIB de La Rioja y cuenta con 967 empresas, que emplean a unas 8.600 personas (5.800 trabajadores y 2.800 autónomos).
FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
Del Rey ha pedido una adaptación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR), que data de 2006, a la legislación nacional, de 2015, de modo que no se pueden cumplir sus requerimientos con la normativa autonómica.
Respecto a la capital riojana, ha urgido la necesidad de aprobar el nuevo Plan General Municipal, cuya revisión se acordó iniciar hace casi 20 años, lo que supone “inseguridad jurídica” para el sector.
Proteger al inquilino, no la vivienda
En esta nueva legislatura, con el PP en los gobiernos autonómico y local, se ha felicitado de que hay una mayor colaboración público privada que en el anterior mandato, ya que estas administraciones han comenzado a consultar al sector asuntos importantes, como la revisión de los módulos de la vivienda protegida, que han subido el 44 por ciento.
Con los precios anteriores no era rentable para los promotores edificar vivienda protegida, por lo que en los últimos diez años solo se construyeron en La Rioja 41 viviendas de protección oficial, frente a las 15.879 vendidas entre 1990 y 2013.
Del Rey ha defendido “proteger al ciudadano, en vez de proteger las viviendas”, porque sostiene que las circunstancias económicas y personales de los inquilinos cambian a lo largo de los años, de modo que se debería hacer un parque de viviendas sociales para alquiler a las que accedan aquellos que realmente las necesitan.
En relación a la rehabilitación, ha censurado que hay mucha “economía sumergida” en algunos gremios, que no cumplen con las mismas obligaciones legales que las empresas. Además, la normativa municipal de rehabilitación es demasiado exigente, por lo que ha pedido “más cintura” y la puesta en marcha de medidas que impulsen la recuperación real de las viviendas, que “no debe limitarse al cambio de una bañera por ducha”.
En este sentido, ha pedido a los ayuntamientos que sean “más flexibles” en el incremento de la edificabilidad de algunos inmuebles, para que cuando se hace una rehabilitación integral se pueda pasar, por ejemplo, de 5 a 7 alturas, en consonancia con los edificios colindantes.
“Estas actuaciones se realizan habitualmente en las grandes capitales europeas y españolas. ¿Por qué no se puede hacer en Logroño?”, se ha preguntado.
