El Gobierno de La Rioja no impondrá sanciones económicas a las empresas de residencias de personas mayores o centros de día que no cumplan con las ratios de personal exigidas por ley. Así se ha hecho saber a través de una publicación en el BOR en la que la única explicación que se da es que “no puede obligarse a los contratistas a cumplir unas exigencias de personal que deviene prácticamente en imposible por no existir oferta en el mercado de trabajo”. Lo entienden como un hecho de fuerza mayor que imposibilita cumplir con determinados ratios.
El Ejecutivo explica que “las carencias de personal se centran especialmente en la categoría de médicos y de ATS/DUE (acompañante terapéutico o enfermero), aunque también lo extiende a gerocultores, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales”.
La normativa publicada en el BOR justifica que la situación viene dándose desde hace tres años (después de la pandemia) y achacan el problema a varios factores como el envejecimiento de la población, el pequeño tamaño de La Rioja, la atracción del sistema público o incluso “el carácter fronterizo con otras regiones que absorben a los profesionales”.
Según la publicación, desde las empresas que gestionan estas residencias y centros de día “deberán continuar garantizando una prestación de servicio adecuada y comunicando mensualmente el número de plazas no cubiertas, además de acreditar la imposibilidad de dichas contrataciones”.
El enfado de los sindicatos es monumental. UGT La Rioja ha denunciado este mismo lunes que la “vergonzosa” medida del Gobierno regional de suspender las penalizaciones a las empresas que gestionan residencias y centros de días cuando incumplan los ratios de personal marcados por la Administración supondrá “un peor servicio y peores condiciones de trabajo”.
El secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez, ha explicado que la publicación del BOR ni siquiera se especifica por cuánto tiempo se mantendrá esta “amnistía” a las empresas para incumplir las ratios de personal en estos servicios.
“Esto sucede del mismo modo que a nosotros se nos sanciona si no presentamos declaración de la renta a tiempo o incumplimos las normas de la Administración”, ha afirmado, argumentando que el Gobierno de La Rioja “ha hecho une especie de amnistía para estas empresas de exoneración de la penalización”.
“Un peor servicio”
Así, ha señalado que el Ejecutivo riojano justifica esta medida en que hay un desajuste entre la oferta y la demanda de estos profesionales, “lo que es falso”, ya que si las empresas no encuentran más trabajadores para estos sectores es “porque son precarizados y tienen malas condiciones de trabajo provocadas por los ratios y unos sueldos nada atractivos”.
“Esto no es cuestión de que haya déficit de trabajadores”, ha subrayado Domínguez, para quien esta iniciativa no solucionará la situación, sino que la empeorará porque “si las empresas ya podían incumplir los ratios, pero eran sancionadas, ahora les va a dar igual”.
Ha destacado que esto producirá que los usuarios tengan un peor servicio, seguramente, con menos personas atendiendo en las residencias y en los centros de día; y supondrá un empeoramiento de las condiciones de trabajo de quienes desarrollan estos empleos porque tendrán un aumento en la carga de trabajo.
También ha asegurado que, con esta medida, aumentarán los problemas del ‘síndrome del trabajador quemado’ y de estrés laboral que tendrán estos profesionales, “no porque deban atender a más usuarios, sino porque no les pueden asistir en condiciones”.
Por ello, ha exigido que se elimine esta publicación el BOR y ha advertido de que sus Servicios Jurídicos ya estudian este asunto para que quede sin efecto. Desde UGT han remarcado que “no es cierto que no haya profesionales del sector, ya que en La Rioja existe un grado medio que los prepara y del que salen entre 25 y 30 formados cada año, pero las condiciones son tan malas que estudian para otro nivel o se van a otro lugar a trabajar”.
También se han referido al efecto-frontera al que el Gobierno de La Rioja alude como unos de los principales problemas para encontrar profesionales, explicando que, en esta comunidad, “un gerocultor que trabaja a jornada completa realiza 1.779 horas al año y tiene un salario base de 16.000 euros, mientras que en Euskadi realizan 1.592 horas y cobran, de media, 23.000 euros anuales”.
