La dirección de la empresa Plaza Chica, con fábricas en Alfaro y Cervera, ha planteado en las últimas horas un ERTE por causas económicas a los trabajadores de ambos centros de trabajo. La firma, que fue objeto de una investigación, en la que colaboraron Europol y el Arma de Carabinieri italiana y en la que se produjeron cuatro detenciones y se incautaron unos 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de aceite, comienza así un procedimiento de suspensión de los contratos que afectaría a los 130 trabajadores con los que cuenta en las dos factorías con las que cuenta.
Desde los sindicatos están a la espera de que se les haga llegar toda la documentación y que se cree una mesa de trabajo para empezar con las negociaciones ya que la firma ha especificado que “se pagarán las nóminas o los atrasos correspondientes a la actualización el pasado verano del convenio porque en estos momentos la empresa no cuenta con liquidez”, tal y como explica Carlos Alfaro, de UGT.
En un principio, los responsables de la empresa habían explicado a los trabajadores que las nóminas de enero sí se iban a pagar y que los atrasos no podían abonarse porque las cuentas estaban bloqueadas por los juzgados, una situación que se aclaró con el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calahorra en el que se permitía, desde el pasado 15 de diciembre, el pago de los salarios a los trabajadores de la empresa conservera y a sus proveedores.
Desde UGT se asegura que seguirán con las movilizaciones iniciadas el pasado viernes hasta que se encuentre una solución satisfactoria para los trabajadores. Las próximas están previstas para este viernes 26 de enero y para el próximo día 30.
Ya en su momento Carlos Alfaro de UGT fue pesimista en cuanto al futuro de los trabajadores. “Las cosas no pintan bien para los trabajadores y la situación, si no se soluciona, puede terminar en un ERE de parte de la plantilla, un ERTE de todos o directamente un concurso de acreedores”.
En el registro efectuado en una de las sedes de la empresa Plaza Chica, los agentes hallaron una zona clandestina de trabajo carente de las mínimas medidas de higiene, dos recipientes de grandes dimensiones con agua caliente, conteniendo en su interior numerosos tarros de atún devueltos por los compradores.
En este lugar, y sin condiciones de salubridad para la manipulación de alimentos, se retiraban las etiquetas de los botes para su posterior reintroducción en el mercado con una nueva etiqueta, registro sanitario y fecha de caducidad, con el consiguiente perjuicio para la salud pública y el consumidor final. Además, se pudo observar que en parte de estos botes manipulados se había introducido el agua del recipiente, presentando sus tapas marcas de óxido.
FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
Otra de las sedes disponía de una tienda para la venta directa al público de sus productos, hallándose en la misma conserva de atún etiquetado únicamente en italiano, hecho que va en contra de la normativa vigente, ya que todo producto que se comercialice en España debe expresarse, al menos, en español.
Durante la investigación se llevaron un total de 40 análisis sobre las conservas de atún puestas a la venta por la empresa en España e Italia, certificando el Centro de Investigación y Control de la Calidad -CICC- y otros dos laboratorios independientes que 33 de las 40 muestras analizadas que se etiquetaban como “aceite de oliva”, su contenido era aceite de girasol o de orujo. En otra de las muestras el atún resultó ser de una calidad inferior a la descrita.
