El problema no nació hace dos décadas sino que venía de mucho antes. Fue un cambio en la sociedad lo que convirtió las tradicionales huertas de muchas zonas de La Rioja en lugares destinados al ocio. Las pequeñas casetas de aperos que habían dejado los abuelos se empezaron a mejorar. Al principio con materiales de reciclaje, después con edificaciones más formales, más resistentes y finalmente muchas de ellas terminaron siendo construcciones de tipo residencial, totalmente fuera de la legalidad al no ser suelos urbanizables.
El caso de Arnedo no es el único, aunque sí el más complicado. Especialmente por el número de casillas que se construyeron en el valle del Cidacos convirtiendo la zona casi en un núcleo de viviendas que llega hasta los límites con Herce. Se cuantifican, según los datos ofrecidos en los últimos años, en más de 2.000 las construidas en el entorno del citado río. Sin embargo, el caso que más portadas acaparó desde finales de 2012 hasta 2019 fue el del ‘chalé’ del expresidente Pedro Sanz en Villamediana.
Delitos de prevaricación y omisión del deber en Arnedo
El pasado mes de diciembre, el exalcalde de Arnedo Juan Antonio Abad se sentaba en el banquillo para defenderse de las acusaciones de la Fiscalía, que le imputa un delito continuado de prevaricación administrativa y de otro de omisión del deber de perseguir delitos por permitir la multiplicación de las casillas de campo ilegales. Juicio que este mismo viernes se reanuda.
EFE/ Raquel Manzanares
El exregidor basó su defensa en varias líneas. Justificó que durante su mandato siempre trató de ordenar el urbanismo de la localidad y cuantificó en trescientas las sanciones urbanísticas impuestas durante sus años en el cargo. Además, explicó que siempre se guió por los criterios de los técnicos. “Los alcaldes tenemos nuestros límites. Tiene que haber otras administraciones responsables”.
El caso de Arnedo, “el más complicado”
El vicedecano del Colegio de Arquitectos de La Rioja (COAR), Juan Carlos Merino, apunta que no sólo pasó en el Cidacos ni en Arnedo. “También en otros municipios y en otros valles como el del Iregua, pero es verdad que el caso de Arnedo es el más complicado por muchos motivos. Principalmente por el número de edificaciones que se realizaron”.
En la ciudad del calzado se generó la tormenta perfecta: una vaguada con una gran superficie junto al río cercana al municipio, una sociedad que abandonó el sector primario por el secundario manteniendo las tierras familiares y la mirada hacia otro lado de las administraciones en las primeras edificaciones.
La situación de ilegalidad urbanística nace de la aprobación del Plan Especial aprobado 1988. Para entonces, en Arnedo ya había construcciones de este tipo aunque no son ilegales. Entonces, la regulación no era la misma. “Es en ese Plan Especial cuando se protegen ese tipo de espacios porque se venía venir el problema. Desde entonces están especialmente protegidos como espacios naturales”, añade Merino.
“El problema de Arnedo es que la zona, con el paso de los años, se ha convertido en un núcleo de población”. Ese concepto de núcleo de población, explica el vicedecano del COAR, surge en la legislación hace muchos años. “Son edificaciones que terminan teniendo servicios de carácter urbano, pero no hay saneamientos. Esto puede provocar vertidos incontrolados, lo que supone un problema añadido”.
Algo sumamente importante es que este tipo de ilegalidades urbanísticas se consideran muy graves y, por lo tanto, desde ese momento, no prescriben. Es decir, que todas las casillas que superan los cuarenta metros cuadrados en Arnedo son ilegales. “Es un tema complejo porque eso afecta no sólo a muchos alcaldes sino también a muchas corporaciones y a muchos técnicos municipales”.
Sólo existen tres posibles soluciones ante este desmadre urbanístico. Ninguna de las tres es buena. Por un lado, seguir mirando hacia otro lado (“que no es más que lo que se ha estado haciendo durante estos años pero que puede provocar que las demandas se vayan reproduciendo”); por otro, demolerlas en su totalidad (“que no creo que suceda porque es abrir la caja de Pandora”); y por último, buscar una regularización.
“Tampoco esta última es fácil porque habría que hacer acometidas de servicios, urbanizar las zonas, habría que hacer calles… Hay casas a las que se entran por estrechos caminos en los que no caben dos coches”, destaca Merino, para quien el problema de esta solución también se encuentra en quién paga todo eso. “Hay que recordar que muchos de los infractores pagaron ya multas pensando que así se regularizaban sus casas y que ahora no estarían dispuestos a volver a pagar”.
Y es que algunos de los expedientes que se abrieron en la época de Juan Antonio Abad como alcalde de Arnedo y que ahora le han llevado al juzgado terminaron en multas, pero nunca en derribos como está previsto en la ley.
Tomar cartas en el asunto
Para el vicedecano del COAR, el inicio de la solución pasa por, tal y como ya se advertía en la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR), crear un consorcio al que puedan sumarse los ayuntamientos afectados y estudiar la situación desde el Gobierno de La Rioja con la posibilidad, a futuro, de promocionar planes especiales urbanísticos. “Los ayuntamientos podrían ceder las competencias de control e inspección a la Comunidad porque esas decisiones son muy complicadas tomarlas en tu municipio”.
Merino sólo recuerda una demolición de este tipo de casas. Fue en Calahorra en 1988. Una edificación en suelo no urbanizable se pasaba de los metros estipulados por ley. El caso llegó al Tribunal Supremo y el Ayuntamiento de Calahorra tuvo que ejecutar el derribo de la parte en la que se había excedido. La alcaldesa de entonces recuerda el momento como muy complicado. “Recuerdo que ningún constructor de la zona quería ejecutar la sentencia del Supremo y se tuvo que hacer con maquinaria del Ministerio”.
En Villamediana la solución fue distinta. “Es verdad que no había tanta afectación como en Arnedo, pero lo que se hizo fue delimitar esa zona como suelo urbanizable. Debería haber conllevado una planificación de ese suelo, pero nunca se ha hecho y se sabía que no se iba a hacer”. Y es que los crecimientos urbanos ahora están muy delimitados y tiene que haber una justificación que parta de una demanda del crecimiento de la población.
Casetas legales
Cabe recordar que no todo lo construido en esas zonas es ilegal. “La ley permite hacer casetas. Si el terreno tiene entre quinientos y mil metros cuadrados, se pueden hacer de veinte metros cuadrados. Si tiene más de mil, de cuarenta. Eso sí, en una única planta y con tres metros de altura como máximo”. Sin embargo, la realidad pocas veces es esa. En Logroño, el ayuntamiento puso un límite aún mayor: no puede haber caseta de más de dieciséis metros cuadrados. “En la capital riojana eso no es un problema porque el que se quiere hacer una casa de recreo se la hace en el valle del Iregua o en el pueblo”, finaliza Merino.
