La organización agraria ARAG-ASAJA ha realizado un balance del año agrario para analizar la situación del sector agrario, marcada por los elevados costes de la energía y los insumos, así como la escasez de estos, la sequía, las directrices de la nueva PAC, la gestión del lobo, los daños causados por las tormentas, las enfermedades en el ganado y la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos que “destrozan” el paisaje, entre otros. Pero la situación, lejos de mejorar, va incorporando nuevos obstáculos, tal como lamentan desde la organización: “Este es un año para olvidar”.
El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, ha apostado este miércoles por trabajar para recuperar la rentabilidad del sector agrario de cara al 2024 “o desaparecerán muchos agricultores y ganaderos”. De hecho, a diferencia de otras crisis marcadas por la falta de relevo generacional con jóvenes que quieran incorporarse al campo, lo que se está percibiendo ahora, asegura, es que los que los agricultores veteranos asentados en el campo están marchándose a otros sectores.
“Existe una situación límite para las explotaciones agrarias y esto, además de dramático, es algo peligroso derivado de la pesadumbre generalizada por la falta de rentabilidad en casi todas las áreas”, ha remarcado el secretario general, Igor fonseca.
Diseccionando esta situación por sectores, el del vino ha sido uno de los primeros puntos a tratar. Así, en el marco de las ayudas a la destilación de crisis, por las que se repartieron unos 18 millones de euros entre La Rioja y País Vasco, ASAJA asegura que esas ayudas no se han visto repercutidas en el viticultor con una subida en el precio de la uva. Por eso es que la organización reclama que se implemente una prima adicional a la cosecha en verde con fondos regionales para que sean más los viticultores que se acojan a esta medida, compensando así la merma de rentabilidad.
Por otro lado, la sequía ha sido uno de los grandes factores de este año, afectando a los cultivos herbáceos, el champiñón y la seta, y los frutales, que también han sufrido los efectos de las tormentas y las altas temperaturas, así como incumplimientos de la Ley de la Cadena, tal como manifiestan. Tampoco se salva la almendra, cuyos precios están condicionados a la “competencia desleal” de la almendra californiana que lega al país.
Desde el plano animal, la ganadería riojana está en la cuerda floja, con “muchos ganaderos que se plantean abandonar”. Fonseca ha remarcado que “las medidas que llegan de Europa, como la futura Ley de Bienestar Animal, el principio de acuerdo de la Directiva de Emisiones o el endurecimiento de la normativa del transporte anima, lo ponen cada vez más difícil para los ganaderos de explotaciones en intensivo”. “Y, por si fuera poco, la nueva PAC añade más complejidad al sector primario a pesar de las flexibilidades que se implementaron durante 2023 y que, desde ARAG-ASAJA hemos reclamado que continúen vigentes en 2024”.
La protección del paisaje ha sido otro de los puntos a tratar. En este sentido, la organización espera que “se defienda como se merece el patrimonio del paisaje agrario”, exigiendo que las administraciones competentes revisen las autorizaciones de los proyectos ya existentes.
La vista se fija ahora en el 2024 como el año en el que se pueda recuperar esa rentabilidad y el año también en el que se celebran las elecciones al Parlamento Europeo, donde ASAJA confía en que “los nuevo eurodiputados muestren mayor sensibilidad con el sector para aprobar medidas y normativas”, tan determinantes en el devenir de la agricultura y ganadería regionales.
Además, otro de los retos fijados es que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria garantizando un precio justo a los productos del campo. “No existen contratos en la entrega de los productos, el agricultor tampoco conoce el precio que va a recibir cuando hace la entrega, además de que, en muchos casos, se pagan precios por debajo de costes”, asegura Fonseca. Es por eso que la organización también va a pedir que se destinen más recursos al área de control de la Consejería de Agricultura encargada de actuar frente a los posibles incumplimientos, aunque remarca que no solo depende de ella sino que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la delegación del Gobierno también tienen responsabilidad.
El presidente de la organización ha lanzado un último mensaje a las administraciones tanto regionales como nacionales y europeas: “Cada año nos lo ponen más difícil con decisiones políticas que toman. Somos los más interesados en una agricultura sostenible, pero luego la Unión Europea decide abrir puertas a productos de terceros países. Si quieren cargarse el campo riojano, español y europeo, lo están consiguiendo. Si quieren que acabemos comiendo alimentos de países como Marruecos o India, lo acabaremos haciendo. A este paso no quedará nadie para cultivar la tierra, sacar adelante una explotación ganadera o vivir en nuestros pueblos. Pero también nos verán en las calles porque lo único que pedimos es facilitar la rentabilidad tan necesaria para el sector”.
