Toda persona bien formada sabe que la Iglesia Católica tiene una visión sobre el mundo en el que vivimos, sobre la política, la justicia, la economía, así como sobre otras realidades que articulan nuestra sociedad, para iluminar la orientación de todos estos ámbitos según la buena noticia del Evangelio.
Corresponde a los fieles laicos participar en estas realidades con el fin de promover iniciativas que favorezcan los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, algunos de los cuales son: la dignidad de la persona humana, la solidaridad, el bien común, la subsidiariedad y la participación.
Estos principios contribuyen a la convivencia fraterna entre los ciudadanos, son cauces de paz, y permiten el desarrollo integral de la persona y de la sociedad.
El Estado de Derecho, con la separación de poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, es garante de este desarrollo social, y cuenta con el reconocimiento, el respeto y el apoyo de la Iglesia Católica.
En nuestro sistema democrático la participación ciudadana es fundamental, y tiene en las urnas un momento clave donde se elige el programa político que mejor refleje los intereses de cada uno; de ahí la importancia de las propuestas de los partidos políticos, su debate, y el consiguiente refrendo en las elecciones.
Los acuerdos publicados estos días, a pesar de la falta de trasparencia, han incluido aspectos de gran calado no presentes en los programas electorales, y, por tanto, fuera del alcance de la decisión de los votantes.
Por otra parte, el contenido conocido de estos pactos ha supuesto la reacción enérgica de distintas instancias de nuestra sociedad, que lo han considerado tremendamente grave, como la unanimidad de las asociaciones judiciales (que entienden que se amenaza la separación de poderes), sindicatos de diversos ámbitos, comités de empresa, colegios profesionales, asociaciones empresariales, inspectores de Hacienda, etc.
Atendiendo a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia antes indicados, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante estos hechos, ya que, por lo que ha trascendido, se puede ver mermada la solidaridad entre los españoles, la igualdad ante la justicia, el bien común, y la unidad de la nación como un bien moral forjado en nuestra historia, lo que además plantea serios dilemas morales especialmente a los funcionarios públicos.
Las manifestaciones de estos días indican el grado de descontento que estos acuerdos de última hora han provocado. Que las acciones legítimas de los ciudadanos y de los representantes políticos contribuyan a la convivencia que deseamos.
Como el Papa Francisco nos ha recordado que “cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, porque si esto no sucede se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y en definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada en intereses individuales (FT 113).
