El brutal impacto del coronavirus dejó al descubierto las carencias de las residencias de personas mayores. Con unos centros masificados, con ratios muy elevadas y sin protocolos efectivos para situaciones como las que se vivieron, en La Rioja fueron 347 personas las que murieron en centros residenciales durante la pandemia, especialmente en la primera ola.
Después de férreos protocolos en las visitas y en el día a día de los usuarios, una vez que las mascarillas dejaron de ser obligatorias no queda ni rasto de protección para los mayores que viven en ellas. La situación, tres años después, no ha cambiado e incluso es peor que antes de la llegada del COVID, ya que la mayoría de los centros arrastran las secuelas de la pandemia con trabajadores (en su mayoría mujeres) muy precarizados, un mayor número de usuarios y un peor estado de salud en los mayores.
En La Rioja, en la actualidad, hay 34 residencias de personas mayores. Sólo dos de ellas son cien por cien públicas: los Manitos, de Calahorra, y la de Lardero. Además hay seis que pertenecen a la comunidad pero cuya gestión es a través de empresas privadas, dos municipales y el resto están en manos de empresas privadas, aunque muchas de ellas tienen plazas públicas. De las 3.553 plazas disponibles en los centros riojanos, 1.923 son públicas y 1.63 privadas. Los precios de éstas oscilan entre los 1.100 euros de las residencias públicas y los 2.900 de algunas residencias privadas.
El Gobierno regional ha intentado revertir la situación con un marco de mejoras en un plazo de seis años. Entre ellas se contemplan unidades de convivencia de no más de 15 personas, la ampliación y cualificación del personal y que las residencias de nueva construcción no puedan superar las 75 plazas cuando se encuentren ubicadas en zonas rurales, 90 si están en localidades o zonas de densidad intermedia y 120 plazas para las situadas en ciudades o zonas densamente pobladas.
Daria Saiz es secretaria del sector sociosanitario y dependencia de UGT. Ella es clara en la situación en las que se encuentran las residencias de personas mayores. “No es que estemos igual que antes de la pandemia, es que estamos peor. El sector estaba ya muy precario entonces y ahora aún está mas. Hay menos personas, hay una dificultad enorme para encontrar auxiliares por lo que nos encontramos con menos personal y además hay un aumento notable de usuarios. No hay protocolos de actuación más allá de los que aprendimos en pandemia, no hay zonas de aislamiento, un auxiliar tiene que atender a más de quince residentes en su jornada laboral, no se cubren las bajas”.
Por todo ello, Saiz ve imprescindible que tanto la Administración como las empresas privadas “se pongan las pilas: Los ratios son de los años 90 y no hay forma de llegar a un acuerdo para que se mejoren las condiciones y sea un sector más atractivo, teniendo en cuenta que son unos servicios cada vez más demandados por la población. Las listas de espera para conseguir una plaza pública son inasumibles”. Ya no hay límite de visitas, ni se recuentan los enfermos de COVID. “Si un trabajador de una residencia tiene COVID sin síntomas graves, ha de ir a trabajar”, asegura.
A la espera de que entren en vigor las reformas en el modelo asistencial que aprobó en julio de 2022 el Ministerio de Derechos Sociales, el único cambio que pervive tras la crisis del coronavirus ha sido la figura de la enfermera de enlace, que es la encargada de tomar las decisiones cuando se produce algún brote en un centro.
La transformación del modelo es todavía una asignatura pendiente. “Las residencias siguen siendo un espacio donde se ‘aparca’ a las personas mayores, a las que se obliga, por ejemplo, a compartir habitación con un desconocido en sus últimos años de vida”. Son palabras de Feli García, presidenta de la Plataforma de Trabajadores, Familiares y Usuarias de Centros y Servicios Sociosanitarios de La Rioja. “Nos dijeron que las residencias se convertirían en algo parecido a un hogar para los usuarios y están muy lejos de serlo”, añade. El déficil de personal provoca una peor atención: “Hay trabajadoras que tienen que atender hasta a 20 residentes, eso acorta mucho los tiempos de atención a los usuarios que están inmersos en un estrés continuo”.
“El nuevo planteamiento es que las residencias de mayores vayan hacia residencias más pequeñas, con grupos de convivencia reducidos, que sean una especie de pisos compratidos, pero aún queda mucho hasta llegar a eso”, asegura. El objetivo de que ninguna residencia supere los 120 usuarios es casi inimaginable en La Rioja. De las 35 que existen en la actualidad prácticamente la mitad superan esas cifras. Cinco de ellas sobrepasan los doscientos usuarios. “Muchas están masificadas y además no están sectorizadas, igual te encuentras a una persona mayor sin ningún tipo de discapacidad junto a alguien con discapacidades severas, tengan la edad que tengan”.
Desde la plataforma además se quejan de la “falta de trasparencia” hacia las familias: “La pandemia en muchos casos ha servido para eso, no se les deja entrar a las habitaciones de los usuarios, lo que no permite en muchos casos ver la realidad de la atención a los mismos”. Todo ello teniendo en cuenta “la cantidad de dinero que cuesta una residencia y los miles de millones de euros que se mueven todos los años en el sector”. Para ellos, una medida efectiva sería “crear consejos en los que estuviesen presentes los usuarios, las familias, los trabajadores y las direcciones y caminar juntos hacia un modelo mejor”.
Además, la plataforma exige “más inspecciones, porque hecha la ley, hecha la trampa y algunas empresas se las saben todas”. “No puede ser que sea la empresa la que marque los protocolos cuando muchas de ellas tienen plazas públicas, la Administración tiene la obligación de estar encima de lo que pasa”.
Con Ana Santos de Consejera de Servicios Sociales se planteó además que las residencias de titularidad pública fuesen gestionadas por la Administración. “El problema con el que nos encontramos fue que había contratos muy largos con algunas de ellas”, explica la antigua consejera.
Torrecilla, modelo a seguir
El modelo a seguir, según todas las consultas realizadas por NueveCuatroUno, es el que se pretende implantar en la futura residencia de Torrecilla, que dispondrá de 50 plazas públicas. Un nuevo centro que contará con financiación europea al cumplir estos requisitos y en el que el modelo de atención esté centrado en la persona. Un modelo novedoso que reproduce el modelo doméstico y el concepto de hogar.
Y es que su organización se realizará en torno a unidades de convivencia, espacios en los que residirán las personas mayores en situación de dependencia y en los que recibirán los apoyos que necesiten para el desarrollo de su vida cotidiana. Las obras tenían previsto comenzar en el segundo semestre de este año, pero a dos meses para que finalice 2023 aún no han empezado.
